Cantabria pide al Ministerio planes de choque ante la "extrema gravedad" que vive la justicia por los conflictos laborales "cerrados en falso"

El Gobierno de Cantabria ha pedido hoy al Ministerio de Justicia planes de choque de refuerzo de los juzgados ante la "extrema gravedad" que vive la Administración de Justicia en el país por la sucesión de los conflictos laborales "cerrados en falso" por el propio Gobierno de España.

 

"Los juzgados de Cantabria están haciendo frente a un retraso en los asuntos y me preocupa que el Ministerio, después de tres huelgas, una de ellas cerrada en falso y con la previsión en el horizonte cada vez más cercano de una nueva, eluda su responsabilidad en la primera reunión que mantiene con las comunidades autónomas con competencias en justicia", ha lamentado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia.

 

La responsable del Gobierno de Cantabria se ha manifestado así tras asistir, en Palencia, a la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia entre el Estado y las comunidades autónomas con competencias, la primera que se convoca en la legislatura, presidida por el ministro del ramo, Felix Bolaños, al que Urrutia ha instado también hoy a impulsar un Pacto de Estado por la Justicia en España y a tomar una "clara postura" de "respeto absoluto" del Poder Judicial y de apoyo "inquebrantable" ante el cuestionamiento que están sufriendo jueces y magistrados en el país.

 

Concretamente, la consejera ha lamentado que el Ministerio haya tardado tres meses en convocar este encuentro y que no haya incluido en el debate los temas "más urgentes" que afectan a la Administración de Justicia, como son los mencionados planes de choque para desbloquear los juzgados, los ataques a la independencia del Poder Judicial, así como la reducción de la temporalidad, las tasas de reposición o las necesidades de los nuevos juzgados.

 

En este sentido, ha señalado que el ministro Bolaños ha tenido "100 días" para hacer una propuesta de Pacto de Estado por la Justicia en España y ha criticado que "no haya sido capaz "ni de hacer un orden del día con contenido y con los problemas de la justicia".

 

Según Urrutia, "falta orden del día, falta lo esencial, falta la materia en la que Cantabria llevamos preocupados y ocupados desde julio", cuando tomó posesión el nuevo Gobierno autonómico, frente a un Ministerio que "no hay nada que quiera solucionar" y una Administración de Justicia que "no puede esperar más".

 

En este objetivo, ha defendido el trabajo conjunto y en cogobernanza, "desde el diálogo y el acuerdo", para resolver los problemas de la justicia, pero, al mismo tiempo, "desde una exigencia de reciprocidad innegociable".

 

Iniciativas de mejora en Cantabria

 

En su intervención en la Conferencia, Urrutia ha repasado las iniciativas de mejora en el que está inmersa Cantabria para resolver los problemas de este servicio público con la aprobación de un Pacto para la Justicia a nivel regional y la inversión de los 6,9 millones de euros de fondos europeos destinados a la modernización de la Administración judicial.

 

En concreto, la Comunidad Autónoma iniciará en los próximos días el proceso de digitalización del registro civil y la dotación de los medios tecnológicos necesarios para el despliegue de las oficinas municipales de justicia.

 

Igualmente, tres millones de euros irán destinados a la integración del sistema de gestión procesal y otros proyectos para acelerar el proceso de modernización tecnológica de la Administración de Justicia, que culminará con una justicia totalmente informatizada; interconectada, compatible entre los diferentes sistemas de gestión procesal, y universalmente accesible para los ciudadanos y los demás operadores jurídicos.

 

Por último, la consejera de Justicia cántabra se ha referido a las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno autonómico para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Cantabria, ha informado la consejera, cuenta con un Plan de Acceso a la Justicia para las personas con discapacidad plasmado de forma efectiva en el presupuesto de este año.