Cantabria recibirá 4,7 millones de fondos europeos para sus proyectos de digitalización de la justicia

La Comunidad Autónoma de Cantabria recibirá 4,7 millones de euros provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU que irán destinados a innovación tecnológica y a los proyectos de digitalización de la Administración de Justicia.

 

Esta partida forma parte de los casi 7,2 millones de euros que en total recibirá Cantabria hasta 2023 para el desarrollo de los proyectos de inversión considerados prioritarios para la transformación del servicio público de justicia. Durante el pasado año, la Comunidad ya recibió las primeras transferencias, por importe global de dos millones de euros.

 

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha valorado que con estos fondos adicionales Cantabria podrá avanzar de forma extraordinaria en la modernización de la justicia. “Supone que en un corto periodo de tiempo podamos adaptar lo que ya tenemos en la sociedad a la justicia, al normalizar, por ejemplo, los juicios telemáticos o textualizar las grabaciones de las vistas judiciales, lo que agilizará mucho más los procesos y trámites judiciales”, ha declarado Fernández Viaña.

 

Ha detallado que los fondos se harán efectivos a través de licitaciones públicas para mejoras tecnológicas y de programas en los juzgados y tribunales de Cantabria, que se sumarán a los proyectos de iniciativa autonómica ya lanzados.

 

Entre los nuevos proyectos, la consejera ha destacado la compra de equipos informáticos portátiles, la implantación de conexiones inalámbricas en las sedes judiciales y equipos de videocomunicación para consolidar la modernización tecnológica y la deslocalización de los puestos de trabajo en la Administración judicial.

 

Especialmente, ha valorado los 10 millones adicionales que recibirán de estos fondos las comunidades autónomas que comparten el sistema de gestión procesal, como es el caso de Cantabria, País Vasco, Aragón y Navarra, y que facilitarán la interoperabilidad entre los juzgados españoles.

 

En este punto, Fernández Viaña ha informado que el Gobierno de Cantabria liderará el proyecto de interoperabilidad entre estas autonomías y desarrollará las fichas de integración necesarias para compartir la información y los expedientes judiciales con el resto de sistemas utilizados en el país.

 

Iniciativa autonómica para la digitalización del registro civil

 

Por otro lado, la consejera de Justicia se ha referido al empuje que recibirá con estos fondos otro proyecto de iniciativa autonómica consistente en la digitalización de la totalidad de los registros civiles y transformar a soporte electrónico los libros de los 102 municipios de Cantabria que estén pendientes.

 

El proyecto inicial del Ministerio, según ha explicado Fernández Viaña, solo abarca los municipios de más de 10.000 habitantes, por lo que la Consejería de Justicia lo extenderá y hará efectivo a todos los registros civiles de la Comunidad.

 

Por otro lado, Cantabria procederá además a la digitalización del Archivo judicial territorial, para que más expedientes judiciales sean accesibles a través del sistema de gestión procesal utilizado por los juzgados y tribunales, una iniciativa también de ámbito autonómico que supondrá una inversión de 1,2 millones de euros.

 

El Gobierno autonómico prevé invertir cerca de 800.000 euros en proyectos de creación de bases de datos y estadísticas judiciales automatizadas.

 

Justicia gratuita y teletrabajo

 

Por otro lado, la Comunidad Autónoma ha solicitado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, retomar la actividad de la Comisión de Justicia Gratuita para mejorar la coordinación y funcionamiento del sistema entre el Ministerio y las comunidades autónomas con competencias.

 

Respecto al teletrabajo, Cantabria ha solicitado la revisión de la normativa reguladora del teletrabajo en la Administración de Justicia para adaptarla a una “realidad adecuada” a la actual situación sanitaria. Según ha explicado la consejera, esta normativa “debe virar hacia el modelo de modernización de la justicia y necesidades laborales y no a una situación de pandemia mundial”.