El colegio de Fisioterapeutas se reúne con Deportes para conciliar posturas sobre la prescripción médica de ejercicio a los pacientes
La vicedecana del Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria, África Ruiz Merino, y Cristina Macho San José, vocal de fisioterapia pública y privada de la Junta, han mantenido una reunión con la directora general de Deporte del Gobierno de Cantabria, Susana Ruiz, para abordar una preocupación que arrastran desde hace un año en relación con su posición en contra del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte. Dicho acuerdo permite a graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte recetar ejercicio terapéutico a pacientes con patologías.
Las representantes del colectivo de fisioterapeutas de Cantabria expresaron a Ruiz la necesidad de que los fisioterapeutas sean considerados para la prescripción y manifestaron su preocupación acerca de que personal no sanitario trate a los pacientes.
Tras el encuentro, la vicedecana indicó que hay predisposición por parte de la dirección general para, en caso de continuar el proyecto, incluir a fisioterapeutas y que, además, se llevarán a cabo encuentros con el Servicio Cántabro de Salud para explorar soluciones que cumplan con sus requerimientos.
Con estas reuniones, los profesionales de la fisioterapia en Cantabria buscan aclarar esta situación, ya que consideran que lo contrario pondría la salud de los pacientes en manos de personal no sanitario, implicando no solo una desprotección de la salud ciudadana sino también una invasión de competencias sanitarias propias de la fisioterapia.
Desde el ICPFC destacaron que la profesión responsable de la función y el movimiento en el ámbito sanitario es la fisioterapia. También señalaron que tanto las consejerías de deporte como el Ministerio de Cultura y Deporte tienen competencias exclusivas en el ámbito deportivo y no reguladoras en el ámbito sanitario, por lo que el acuerdo excede sus funciones.
Los representantes de los profesionales colegiados de Cantabria han advertido del evidente riesgo para la salud de los pacientes que implica la no inclusión del profesional sanitario con competencias legales para llevar a cabo el ejercicio físico terapéutico.