La aplicación de la Ley del Juego y del decreto sobre el control de acceso a todos los salones de juego y locales de apuestas está siendo satisfactoria desde su entrada en vigor en la región, una nueva normativa que ha impulsado el Gobierno cántabro en el último tiempo ante la creciente preocupación social.

Así lo ha destacado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno, Paula Fernández Viaña, en la visita que ha girado a uno de los salones de juego ubicados en Santander y donde se ha implantado el sistema de control que endurece las restricciones en el acceso al juego de menores de edad y personas con ludopatías y que ya es una realidad en todos los establecimientos del sector en la región.

Según ha señalado, esta barrera física es una de las medidas “más importantes” que ha puesto en marcha el Gobierno para reforzar la seguridad y la protección jurídica de los usuarios, en especial de aquellos colectivos “más vulnerables” que puedan requerir de una especial atención, como son menores y personas con ludopatías.

Ha destacado además su conexión automática con el registro de interdicciones de acceso al juego a nivel regional y nacional –Cantabria es una de las primeras comunidades autónomas en coordinar los registros de autoprohibidos del juego presencial y online del Estado- para establecer mayores niveles de protección a las personas que deciden ser excluidas de esta actividad.

El nuevo sistema de acceso a todos los establecimientos de juego obliga a la identificación personal a través del documento nacional de identidad y huella táctil, y lleva aparejado un sistema informático que manera automática alerta de las personas que tienen prohibido acceder.

Más inspecciones

Fernández Viaña ha indicado que, además, se han reforzado de forma importante las labores de inspección con 14 nuevos agentes, que se suman a los dos coordinadores que había, y que velan por el cumplimiento de la normativa y que han incrementado las visitas a los establecimientos de juego.

En este ámbito, han informado que solo en los primeros seis meses del año se han girado 2.053 visitas a establecimientos de juego, incluidos los locales de hostelería que cuentan con máquinas recreativas, además de salones de juego y bingos. Igualmente, se han revisado en este tiempo 3.481 máquinas de juego y apuestas.

Son datos que “nos avalan”, en opinión de la consejera, dando cumplimiento “a uno de los principales compromisos” de la legislatura dentro de la política de juego responsable para ordenar el crecimiento del sector y reforzar la vigilancia para evitar los efectos nocivos en los sectores sociales vulnerables.

En este sentido, ha apuntado otras medidas que limitan la publicidad y, también, el propio crecimiento del sector, a través del establecimiento de un régimen de distancias entre locales y juego y también respecto a centros educativos, “uno de los más restrictivos del país”, y con la nueva Ley del Juego, que pone un techo o límite máximo al número máximo de autorizaciones y establecimientos de juego en toda la Comunidad Autónoma.

Por último, ha destacado el trabajo de las empresas del sector del juego, en su mayoría de ámbito familiar, que han trabajado “de la mano” del Gobierno desde el primero momento, al igual que sindicatos, asociaciones vecinales y colectivos que atienden a personas con ludopatías.

Por su parte, el presidente de las Asociación Cántabra de Empresas Operadores de Juego, José Ramón Sainz, ha resaltado el consenso conseguido por los agentes implicados -Administración Autonómica, sindicatos y empresas- para implantar estas medidas de control del juego, que, en su opinión, “son necesarias” para responder a esa preocupación social y ser “más efectivo”.

El presidente de la Asociación, que agrupa a más de un 70 por ciento de las empresas del sector del juego en Cantabria, ha informado que este nuevo sistema, ya obligatorio desde el pasado mes de febrero, ha implicado para los establecimientos inversiones adicionales que van entre los 10.000 y 20.000 euros, dependiendo del tipo de máquina.

Otras medidas restrictivas implantadas por el Ejecutivo regional han consistido en la suspensión de concesión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas tragaperras, una suspensión que se mantiene desde el año 2006.

Actualmente, en Cantabria hay 43 salas de juego, con 6 locales específicos de apuestas, 5 bingos y un casino.