La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria ha convocado las ayudas destinadas a los municipios con el fin de mejorar el dispositivo de salvamento y socorrismo desplegado en las playas durante el verano.

El Gobierno de Cantabria destinará a estas ayudas 600.000 euros, un presupuesto que busca mejorar las capacidades de los ayuntamientos en materia de seguridad y emergencias en playas y reducir las víctimas y accidentes. La convocatoria, que forma parte del Plan Interior-Iza de subvenciones del Ejecutivo destinadas a los ayuntamientos, se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

La orden de salvamento en playas regula, además, los medios materiales y personales que deberán disponer los ayuntamientos para asegurar la actividad de los bañistas, como es el caso de un número mínimo de socorristas y botiquines provistos de desfibriladores en caso de parada cardiaca (al menos 1 por playa).

Igualmente, deberán quedar claramente delimitadas las zonas reservadas al baño y las áreas permitidas a los deportes náuticos, como el surf, con el fin de evitar accidentes.

Las competencias de las corporaciones locales se circunscriben a la vigilancia, rescate y salvamento en cerca de 80 playas de Cantabria. La temporada en Cantabria se extiende, de forma general, del 1 de junio al 30 de septiembre, con diferentes horarios y fechas en cada municipio, según la afluencia de bañistas.

Para la concesión de las ayudas la Administración autonómica valorará el esfuerzo de actuación de cada corporación local, según los medios personales y materiales que aporten al servicio.

La consejera de Presidencia e Interior, Paula Fernández, ha apostado de nuevo por colaborar con las administraciones locales y seguir mejorando los medios materiales en el ámbito de emergencias y protección civil. En este sentido, ha recordado que desde 2020 el Gobierno de Cantabria ha incrementado la partida destinada a estas subvenciones a los ayuntamientos litorales un 10 por ciento hasta alcanzar los 600.000 euros.

También ha destacado la importancia de la orden autonómica para establecer y regular unas mejoras en los medios materiales de intervención en las playas, como es el caso de los desfibriladores, en caso de parada cardiaca, y la unificación de los paneles informativos existentes en los arenales.