Consejería Presidencia y Plena Inclusión colaboran en facilitar acceso personas con discapacidad intelectual a función pública
La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria y la asociación Plena Inclusión han acordado mantener su colaboración con el objetivo de facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la función pública autonómica.
La responsable de la Consejería, Paula Fernández, y la directora general de Función Pública, Isabel Barragán, han mantenido hoy un encuentro con representantes de la asociación: la presidenta, Eloísa Gutiérrez; la directora, Elena Farpón, y la coordinadora de programas, Elena Larrañaga.
Durante esta reunión, celebrada en la sede del Gobierno cántabro, han repasado las acciones tendentes a mejorar la asistencia de estas personas en los procesos selectivos organizados por la Consejería de Presidencia y las medidas de acompañamiento y de apoyo en el puesto de trabajo, con el fin de generar una buena adaptación y generar confianza en el entorno laboral.
Desde 2016, un total de 21 personas con discapacidad intelectual se han incorporado a la Administración General en la ejecución de las distintas ofertas de empleo público, 17 de ellas durante el pasado año, unos procesos que han contado con el apoyo técnico de Plena Inclusión Cantabria y que se mantendrán durante las pruebas de otras 10 plazas reservadas para este colectivo y en la adaptación posterior al puesto de trabajo.
La consejera de Presidencia ha valorado la labor de Plena Inclusión para que las personas con discapacidad intelectual puedan "desarrollar su trabajo en las mejores condiciones y tengan una puerta de acceso real a la función pública de Cantabria".
Por su parte, la directora de la entidad, Elena Farpón, ha planteado a la Consejería de Presidencia "seguir colaborando en los nuevos retos y plazas convocadas para ajustar los procedimientos".
En este sentido, Plena Inclusión ha facilitado al Gobierno una serie de propuestas para mejorar el acceso y la adaptación de estas personas en la Administración autonómica, como es el caso de la designación de un referente o tutor, un empleado público con discapacidad intelectual, para mejorar la adaptación al puesto de trabajo de las nuevas personas que se incorporen, así como la formación continua de todo el personal público y prácticas formativas para el colectivo.