DEAN denuncia al Ayuntamiento de Polanco ante la Fiscalía por lo ocurrido con los gatos en su término municipal
La Federación Dean (Defensa Animal Cantabria) ha interpuesto denuncia ante Fiscalía para que investigue si se está cometiendo algún ilícito penal por parte del Ayuntamiento de Polanco en materia de gestión de colonias felinas.
Se pronuncian así tras conocer los hechos que afectan a una colonia felina perteneciente al término municipal de Polanco, atendida por un particular que debido a una situación personal no puede seguir haciéndose cargo de los gatos, habiendo ordenado el Ayuntamiento la captura y traslado de los mismos e impidiendo al voluntariado su cuidado.
Según manifiesta Victoria Cedrún, presidenta de la federación, “nuestra responsabilidad como federación de defensa animal, que vela por los derechos y el bienestar de los mismos, es poner los hechos que están ocurriendo en Polanco en conocimiento de Fiscalía para que sea ésta la que determine si se comete algún tipo de ilícito. Así mismo, estamos recabando información para dar traslado de la misma al Defensor del Pueblo y agotaremos todas las vías legales posibles para esclarecer los hechos”.
Tras el anuncio desde la propia alcaldía a través de sus redes sociales de que los gatos van a ser capturados para ser llevados a una entidad protectora, desde Dean explican que “según el artículo 3.q de la Ley 7/2023 son entidades de protección animal aquellas entidades sin ánimo de lucro, que desarrollen cualquier actividad de cuidado, rescate, rehabilitación, búsqueda de adopción de animales, gestión de colonias felinas, concienciación en tenencia responsable o defensa jurídica de los animales, inscritas en el Registro de entidades de protección animal de conformidad con lo dispuesto en esta ley y quien está llevando a cabo la captura, no sólo es una empresa privada con ánimo de lucro, sino que carece de instalaciones adecuadas para albergar felinos, hecho que se puede comprobar visitando sus instalaciones”.
De igual forma, destacan que “los gatos de la colonia a la que hacemos referencia en esta denuncia, no poseen identificación mediante microchip, por lo tanto, son gatos comunitarios y difícilmente alguien que no posee su titularidad legal puede cedérselos al Ayuntamiento como así han puesto de manifiesto desde el Consistorio”, lo que pone de manifiesto “el desconocimiento del equipo de gobierno del articulado y definiciones de la nueva Ley estatal 7/2023, su dejadez en materia de bienestar animal y el incumplimiento de la legislación vigente”.
La denuncia:
Desde el 29 de septiembre de 2023, las colonias felinas gozan de protección legal con la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y Bienestar de los animales que les dedica un capítulo completo, concretamente el VI titulado “Colonias felinas”.
Así, y de conformidad al artículo 39 de la citada Ley, “en ausencia de otra previsión en la legislación autonómica, y respetando el ámbito competencial establecido por la legislación vigente, corresponde a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios, a cuyos efectos deberán desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas”.
Desde la entidad señalan que se estarían incumpliendo entre otros, el artículo artículo 42, que en sus apartados 7 y 8, prohíbe la reubicación de colonias felinas, y que, en caso de ser estrictamente necesario, “las acciones de retirada para la reubicación o desplazamiento en otro espacio preservarán el bienestar de los gatos comunitarios y las colonias felinas y se realizarán bajo supervisión veterinaria y previo informe preceptivo del órgano competente de la comunidad autónoma”.
Añaden también que Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, recoge en su artículo 10 los derechos de los voluntarios, entre los que se encuentra en su apartado primero a) el derecho a recibir información, orientación y apoyo, así como los medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se les encomienden. En este sentido, el Ayuntamiento de Polanco “no sólo no ha apoyado ni protegido al voluntariado que atiende a los gatos comunitarios, sino que ha impedido su labor” aclarando, además, que “el acoso, que se les fotografíe o grabe como si de delincuentes se tratase y el impedimento para llevar a cabo de forma correcta el método C.E.R. podrán ser constitutivos de un delito de coacciones del artículo 172 del Código Penal”.
Exponen, por último, que Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal, en sus artículos 340 ter y establece que “quien abandone a un animal vertebrado que se encuentre bajo su responsabilidad en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Asimismo, se impondrá la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales”, dándose la circunstancia de que han capturado a madres lactantes dejando a bebés de días privados de cualquier método de supervivencia.
“Por todo lo anterior solicitamos a Fiscalía que se abra el proceso de investigación necesario para averiguar si se está cometiendo algún ilícito por parte del consistorio”, sentencia Cedrún.