El Gobierno de Cantabria somete a información pública la orden de indemnizaciones a las víctimas de terrorismo y la concesión de distinciones

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa ha sometido a trámite de audiencia e información pública el proyecto de orden de indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos o psíquicos a las víctimas del terrorismo, así como el procedimiento de concesión de distinciones y honores.

 

Según la resolución que publicada ayer el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), hasta el próximo lunes, 19 de febrero, se podrán presentar alegaciones y propuestas a este texto legal, que desarrolla la Ley autonómica 1/2023 de reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo.

 

Con esta normativa, el Ejecutivo regional inicia la construcción en la Comunidad Autónoma de Cantabria de un sistema integral de reparación de los daños causados por las acciones terroristas, con el fin de que las víctimas y sus familiares se sientan protegidas a nivel económico y asistencial.

 

Igualmente, la orden establece un procedimiento de reconocimiento público a las víctimas del terrorismo y a la labor desarrollada por las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones de representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo.

 

En concreto, se regula el procedimiento para la concesión de las dos condecoraciones que prevé la ley autonómica: la Medalla a las víctimas del terrorismo y la Medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

 

Por su parte, la orden detalla los requisitos para el reconocimiento de las indemnizaciones del Gobierno de Cantabria, así como su importe y el plazo de presentación de las solicitudes, entre otras cuestiones.

 

La consejera de Presidencia y Justicia ha señalado que a esta normativa se suma el nuevo programa económico incluido por primera vez en los presupuestos regionales para "dar visibilidad a las víctimas y materializar el compromiso adquirido con la ley".

 

Y es que, como ha apuntado Urrutia, la atención y protección a las víctimas de delitos es una prioridad para el Ejecutivo regional y en lo relativo a las víctimas del terrorismo, el Ejecutivo está trabajando "en un modelo único para facilitar la solicitud de indemnizaciones y ayudas".

 

Según ha dicho, la sociedad cántabra tenía pendiente "una deuda histórica" con las víctimas del terrorismo y el sistema que promueve ahora el Gobierno "quiere impulsar el apoyo, la atención y solidaridad como principio de reparación y defensa de víctimas y afectados por el terrorismo".