El Gobierno de Cantabria y los empresarios cántabros agrupados en CEOE-CEPYME han acordado ir de la mano para reivindicar en España y en Europa soluciones al aumento de los costes de producción derivados del conflicto bélico en Ucrania, que pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas.

El acuerdo surge de la reunión que esta mañana han mantenido el presidente, Miguel Ángel Revilla; el vicepresidente, Pablo Zuloaga, y el consejero de Industria, Javier López Marcano, con la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, y representantes de la patronal cántabra, al objeto de buscar la unidad de acción entre las administraciones regional y estatal y el sector empresarial.

Revilla, que comparte “al cien por cien” la preocupación de los empresarios ante una situación “dramática e insostenible”, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria, dentro del “escaso margen de maniobra” que tiene la autonomía, estudia en estos momentos medidas para paliar en lo posible los daños al sector “bien por vía de aportación económica o bien por vía de aminoración de impuestos”, medidas que se pondrán sobre la mesa en la reunión que el próximo lunes, día 28, celebrará la comisión entre consejerías creada al efecto.

El presidente considera que la respuesta al problema tiene que ser “global” y confía en que tanto el acuerdo alcanzado ayer por el Gobierno de España con los transportistas como la reunión de hoy en Bruselas de los jefes de Estado de la UE sirva para alumbrar “soluciones favorables” a una tesitura que, “si no se soluciona, no solo pone en peligro a las empresas, sino también a los ciudadanos en cuanto al abastecimiento de productos de primera necesidad”.

Por su parte, Pablo Zuloaga ha señalado que el diálogo social debe ser el marco en el que el Ejecutivo y los empresarios y representantes sindicales afronten los efectos de la escalada de precios de la energía y los carburantes en la economía en las empresas de la región, siguiendo la línea de “compromiso firme con la transparencia y la participación” que ha demostrado el Gobierno durante la pandemia. 

Asimismo, ha explicado que el Ejecutivo trabaja en la reorganización del presupuesto de 2022 para reorientarlo a medidas de apoyo a los sectores más afectados y poder articular “reformas fiscales para exonerar del pago de tasas” a las actividades más afectadas por el encarecimiento de la energía.

En representación del Gobierno de España, Ainoa Quiñones ha puesto en valor el “acuerdo histórico” alcanzado ayer con los transportistas y otras medidas que está adoptando el Estado para ayudar a los empresarios y asegurar el abastecimiento a la ciudadanía.

Finalmente, el presidente de CEOE-CEPYME, Enrique Conde, ha apelado a hacer “presión” desde Cantabria para revertir este “panorama dantesco” para las empresas y, pese a reconocer que el Gobierno regional “tiene poco margen” de actuación, sí le ha pedido que sea “atrevido” en la toma de decisiones y “velocidad” para llevarlas a la práctica, al igual que espera del Gobierno de España.

“Agradecemos los esfuerzos que están haciendo los gobiernos, pero creemos que no son todo lo eficaces que deberían de ser”, ha apuntado Conde, al tiempo que ha mostrado su confianza en que las medidas que puedan adoptarse la próxima semana “pinten un poco de color el futuro de la economía y de las empresas de Cantabria”.

En la reunión han participado el vicepresidente de CEOE CEPYME, Miguel Ángel Cuerno; Tomás Dasgoas, de la Federación Cántabra del Metal; Iñaki Calvo, de SEG Automotive; Antonio Pérez, de IMEM Ascensores, y Rubén Santiago, de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED).