Izquierda Unida y Podemos esperan que se asuman responsabilidades políticas en el seno de la consejería de Obras y el Gobierno de Cantabria “por no vigilar adecuadamente” lo que ha ocurrido en el departamento estos años.

Así se han pronunciado conjuntamente ambas formaciones tras conocerse que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria se han personado en la sede de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria por orden de un Juzgado de Madrid para registrarla, ante presuntas irregularidades en adjudicaciones del Servicio de Mantenimiento y Carreteras.

“Es de agradecer que el consejero, José Luis Gochicoa, se ponga a disposición de la justicia y de la prensa para facilitar la investigación y la información, faltaría más, pero hubiese sido más útil si hubiese en su departamento la suficiente transparencia, contrapesos y sistemas de fiscalización que evite un caso tan gordo como lo que se intuye y se va conociendo”, afirma la candidata a la presidencia de Podemos e IU, Mónica Rodero.

“Parece que las implicaciones de la investigación abarcan a personal funcionario, empresas y particulares, pero el consejero es el responsable de que todo funcione correctamente en su área y es evidente que algo falla”, ha añadido.

Por su parte, la portavoz de IU y número 2 de la lista, Carmen Martín, ha preguntado al presidente de la comunidad, Miguel Ángel Revilla, “qué va a hacer y decir” o si, por el contrario, “se va a mantener alejado de los focos, precisamente, cuando más explicaciones hay que dar”.

Además, Martín ha añadido que esperan decisiones y actuaciones rápidas en el seno del Gobierno para que “la sombra de sospecha de ilícitos penales no se alargue demasiado como acostumbran PSOE y PRC cuando gobiernan”.