Izquierda Unida recuerda que “nadie ha asumido responsabilidades políticas” en prevaricación del Servicio Cántabro Salud
IU llevó el caso a la Fiscalía tras la denuncia de irregularidades de una funcionaria
Izquierda Unida de Cantabria ha recordado que “nadie ha asumido responsabilidades políticas” en el caso del Servicio Cántabro de Salud que ha condenado a dos ex altos cargos del servicio por prevaricación.
Así se ha pronunciado el coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, tras conocerse la condena a 14 y 11 años de inhabilitación, respectivamente, al exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González y al exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo, por prevaricar en su etapa en el cargo la pasada legislatura.
“En su día, los hoy condenados dimitieron de su puesto, igual que el entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil, pero quien debió cesar en su cargo, la consejera María Luisa Real, no lo hizo, ni por decisión propia, ni por decisión del líder de su partido, hoy vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, ni por el máximo responsable del Ejecutivo en la anterior legislatura y en esta, elpresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla”, lamenta Ruiz Salmón.
Para IU, “la condena judicial representa el máximo reproche a una forma de funcionar contraria al interés general y que ha sido permitida en el seno del Gobierno cántabro por el bipartito PRC-PSOE”.
Además, recuerdan que “esta situación se seguiría produciendo de no ser por la denuncia de irregularidades por parte de una funcionaria”, pero también, “por la actuación diligente de Izquierda Unida, que llevó a la Fiscalía la situación”.
“De no ser por IU que acudió a la Justicia, hoy únicamente tendríamos un recuerdo de una polémica en el seno político y, ya que no lo hicieron entonces, desde el Ejecutivo cántabro deben pedir perdón por su falta de actuación y depuración de responsabilidades cuando tocaba”, han continuado.
A juicio del líder de la izquierda cántabra, “los servicios públicos no sólo deben ser gestionados de la forma más eficiente, sostenible y transparente posible, sino que deben estar libres de toda sospecha de corrupción”.