Limitación de precios, bono de emergencia, prohibición de venta de patrimonio público, en el programa de Sumar en materia de vivienda

La limitación de precios en los alquileres, un bono de emergencia, el aumento del parque público o la prohibición de que las instituciones vendan su patrimonio público de vivienda y suelo son algunas de las medidas de Sumar en materia de vivienda.

 

La portavoz en este materia, Alejandra Jacinto, activista por el derecho a la vivienda, visitaba este miércoles Cantabria y exponía un programa electoral que se caracteriza por la lucha contra la especulación y por la protección de los inquilinos vulnerables y ayudas a familias ante el alza de hipotecas por la subida de los tipos de interés.

 

Acompañada de la cabeza de lista al Congreso, Carmen Martín, y otros integrantes de Sumar, se reunía con activistas y personas afectadas por desahucios y visitaba el Cabildo de Arriba, céntrico barrio santanderino que sufre desde hace décadas un proceso de degradación urbanística.

 

Alejandro Jacinto ha remarcado que este barrio es “uno de los mejores ejemplos” de cómo “las políticas especulativas del Partido Popular han  abandonado a su gente en pro de la especulación inmobiliaria”, con vecinos “de toda la vida expulsados de sus casas”. Asimismo, ha recordado tanto el problema del precio de la vivienda en Cantabria como el de la vivienda vacía, cuya movilización, ha indicado, podría ayudar a resolver el problema. Jacinto ha apelado al voto “decisivo” de Sumar frente al “odio”, el “miedo” y “las mentiras del señor Feijoo”.

 

Por su parte, Carmen Martín, la cabeza de lista al Congreso por Cantabria, ha insistido en que el barrio es un “claro ejemplo de la desprotección” en que deja el PP a los vecinos, recordando a las víctimas mortales del derrumbe del Cabildo y refiriéndose a afectados por desahucios que les han acompañado en el recorrido.

 

UN BANCO DE VIVIENDA, JUZGADOS ESPECÍFICOS Y UNA SAREB QUE “GARANTICE” DERECHOS

 

El programa de Sumar en materia de vivienda apuesta por la limitación de los precios de los alquileres y el incremento del parque de vivienda pública, dentro de una visión de la vivienda como un derecho, enmarcado además tanto en la crisis social como en la climática.

 

Se invertirá durante diez años el 1% del PIB en construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda para generar un parque de vivienda de alquiler protegido y social, con reducción del IVA a proyectos de vivienda social, convirtiendo a la SAREB en una herramienta pública que garantice el derecho a la vivienda.

 

Se creará un bono de emergencia de 1.000 euros  para la compra de vivienda habitual en los hogares hipotecados a tipo variable que sufran las alzas de los tipos de interés, y se establecerá de forma obligatoria la portabilidad de las hipotecas.

 

Además, se incrementan las ayudas al alquiler y habrá medidas de protección a los inquilinos más vulnerables, además de crear una carta de derechos de los inquilinos.

 

Habrá un recargo de impuestos a las sociedades que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia o que los destinen a alquiler turístico –con medidas de limitación de las viviendas turísticas-, y gravámenes para los suelos disponibles para urbanización ociosos con la idea de crear un Banco del Suelo.

 

Además, se prohibirá la venta de patrimonio público de suelo y vivienda salvo su transmisión gratuita a otros entes públicos para que lo destinen a viviendas públicas o de alquiler e incluir el alquiler social para los grandes tenedores, la dación en pago y la obligación a las administraciones de alternativa habitacional en caso de desahucios.

 

Se contempla la rehabilitación de 500.000 viviendas al año para la eficiencia energética, además de un fondo para la recuperación urbana y social de barrios, y programas públicos de compra de vivienda para situaciones de emergencia como desahucios, además de la creación de juzgados específicos para temas de Vivienda.

 

El programa también recoge ayudas de acceso a la vivienda para familias monoparentales, ayudas para la adaptación a la accesibilidad para personas mayores,  y una estrategia contra el sinhogarismo,  además de fórmulas como las viviendas colaborativas o cooperativas de vivienda.