Podemos e I.U denuncian que cajeros automáticos que Gobierno Cantabria instaló en las zonas rurales cobran comisiones

Podemos e Izquierda Unida han denunciado que los cajeros automáticos que el Gobierno de Cantabria instaló en zonas rurales para detener la despoblación, y por los que paga más de dos millones de euros a una filial del Banco Santander, cobran comisiones a las personas usuarias que no tienen cuenta con esa entidad.

 

Podemos e IU sostienen, además, que los cajeros instalados en locales públicos no proporcionan más servicio que el acceso al efectivo o la consulta de saldos, algo que no soluciona las necesidades básicas de la población del medio rural cántabro.

 

Para ambas formaciones, “es un contrasentido” invertir dos millones de dinero público para que una entidad privada preste un servicio, y permitir que ese servicio sólo sea gratuito para clientes de dicha entidad. Podemos e IU consideran “inmoral permitir el cobro de comisiones en unos cajeros que pagamos entre toda la ciudadanía cántabra a la misma empresa que, paradójicamente, está desmantelando su red de oficinas rurales”.

 

Para Mónica Rodero, candidata a la presidencia de Cantabria, “el acceso a los servicios bancarios hoy en día es indispensable, y es por esto que nuestra propuesta va más allá del acceso sin comisiones al efectivo: pedimos una atención personal garantizada y queremos que esto esté recogido en la futura ley de lucha contra la despoblación”. Rodero reconoce que “es un avance que se esté trabajando en una ley, y agradecemos que esta ley cuente con varios puntos que recogen aportes que Podemos e IU facilitamos en el proceso participativo”, pero matiza que “si la futura ley no garantiza el acceso a los servicios básicos en las zonas rurales, será una ley carente de sentido”.

 

Además, Rodero destaca que “nuestra apuesta es garantizar una atención bancaria completa en las zonas rurales. Si las entidades privadas no están por la labor de ofrecer ese nivel de atención, tendrá que ser el Gobierno de Cantabria quien siente las bases de una banca pública que sí tenga en consideración a toda la ciudadanía”.

 

En este sentido, la número dos de la coalición, Carmen Martín, ha destacado el papel que puede jugar el Instituto Cántabro de Finanzas como organismo público capaz de responder a las cuestiones bancarias básicas, una medida que defenderán desde el próximo gobierno de la comunidad.

 

“El trasvase de dinero desde lo público a manos privadas, generalmente grandes entidades a las que no se les pide ni pone ningún control, debe acabar y es la estructura de la administración pública la que debe velar por el ejercicio de los derechos más básicos”, añade la portavoz de IU. “De lo contrario, nos podemos encontrar con que el trasvase a manos privadas significa, de facto, una privatización de labores públicas que, en el caso de la trama de Carreteras, ha supuesto un caso de corrupción bajo la esfera política de una consejería regionalista”, ha sentenciado.