Podemos insta a Gochicoa a cumplir peticiones Defensor del Pueblo y a abandonar tramitación Ley de Suelo mientras el PROT no llegue al Parlamento
El Secretario de Medio Ambiente y Mundo Rural de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, ha instado este miércoles al Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, a cumplir con las peticiones del Defensor del Pueblo y dar cumplida cuenta en el Parlamento de Cantabria de los progresos en el cumplimiento de los plazos solicitados además de abandonar la tramitación de la Ley de Suelo mientras el proyecto de PROT no haya llegado al Parlamento cántabro.
La agrupación morada presentó una queja ante el Defensor del Pueblo con motivo de la demora en la aprobación del Plan Regional de Ordenación Territorial de Cantabria y es que la disposición final primera de la Ley 2/2001 daba un plazo de nueve meses, desde la entrada en vigor de la ley (el 4 de septiembre de 2001), para su aprobación, “veinte años después ese plan continúa sin ser aprobado. Su aprobación es una demanda de colectivos sociales y ecologistas desde hace más de 15 años, nosotros como partido también hemos demandado su aprobación con distintas intervenciones en el Parlamento, y es una de nuestras principales reivindicaciones” ha declarado Luis del Piñal, coordinador autonómico.
Además, desde Podemos añaden que actualmente estamos ante la necesidad de un cambio de modelo energético, lo que está provocando una “avalancha de peticiones de instalaciones de parques eólicos en nuestros montes”, zonas muy sensibles que han de estar sujetas a una ordenación territorial previa, ordenación que denuncian “en Cantabria no existe al no estar aprobado el PROT” además, declaran “ni siquiera tenemos un plan energético vigente más allá del Plenercan, que caducó en 2020”. Todo ello, sumado a la falta de interés mostrada por el gobierno regional hizo que el pasado julio la formación pidiera ayuda a la figura del Defensor del Pueblo.
Proceso con el Defensor del Pueblo
El 30 de julio el Defensor del Pueblo inicia las actuaciones solicitando informes tanto de la Consejería de Obras Públicas como del Ministerio de Medio Ambiente, dos meses más tarde, el 25 de octubre, la Consejería de Obras Públicas afirma que la Dirección General de Urbanismo está elaborando un documento para la aprobación inicial del PROT, e informa de que el Ministerio de Medio Ambiente no es competente en materia de ordenación territorial, además de que no se observa ningún error en sus procedimientos.
La agrupación morada, ante esta comunicación elabora un informe donde incluye un amplio archivo de hemeroteca en la que miembros del Gobierno afirman estar a punto de aprobar el PROT, “podemos encontrar afirmaciones así durante los últimos 15 años” sentencia Pablo Gómez.
En diciembre, el Defensor del Pueblo toma en consideración las alegaciones del partido y retoma las actuaciones reclamando un informe de los trámites realizados y los plazos aproximados del PROT a la Consejería de Obras Públicas. Tras recibir dicho informe, el 7 de abril de 2022, el Defensor del Pueblo cierra el caso y declara que considera injustificada la demora. Además, insta a la Consejería a impulsar el plan y, por primera vez, pone plazos concretos. El plan ha de debatirse en el Parlamento al menos seis meses antes (diciembre de 2022) de las elecciones de mayo de 2023.
Asimismo, añade que el PROT debe ser redactado conforme a la ley de 2001 y no a la que prevé aprobar el Gobierno de Cantabria este año, “lo que supone un gran triunfo, puesto que los criterios de elaboración cambian” ha señalado Pablo Gómez.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo también hace referencia a la importancia de implantar las energías renovables, pero recuerda al Gobierno de Cantabria que tiene que proteger a los habitantes de las zonas afectadas que viven en buena parte de su paisaje, y alude que la administración autonómica dispone de varios instrumentos para asegurar la protección de los espacios naturales, como son una evaluación de impacto ambiental rigurosa que incluya los efectos acumulativos de los distintos parques o la aplicación estricta de la normativa comunitaria.