El PP defiende reformar la Ley de Costas para garantizar el mantenimiento de la actividad tradicional en el litoral

El portavoz del Partido Popular de Cantabria, Iñigo Fernández, ha defendido hoy en el Congreso de los Diputados la necesidad de modificar la Ley de Costas, en relación a las concesiones en el dominio marítimo terrestre, para dar seguridad jurídica y garantizar el mantenimiento de la actividad económica que se viene desarrollando desde hace décadas en terrenos que mediante desecaciones se ganaron a marismas, rías o estuarios.

 

“Que nadie se asuste con especulaciones sobre el litoral, estamos hablando de defender nuestro tejido productivo tradicional (ganaderías, talleres, fábricas) allí donde ha venido desarrollándose a lo largo de los últimos cien años”, ha dicho.

 

Fernández ha defendido como ponente en la Cámara Baja la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por el Parlamento de Cantabria para modificar la Ley de Costas y permitir la prórroga de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre allí donde sea viable, junto a los portavoces parlamentarios del PRC, Pedro Hernando, y Ciudadanos, Félix Álvarez. Un debate en el que también ha intervenido el diputado por Cantabria del PP, Diego Movellán.

 

El portavoz popular ha recordado que esta proposición no de ley viene respaldada por el Gobierno de Cantabria y por la oposición, reflejo de la importancia que este asunto tiene para numerosas familias de la comunidad autónoma, y ha aclarado que la prórroga de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre no se refiere a la construcción de edificaciones sobre las playas o acantilados, sino a desecaciones en marismas, rías o estuarios acometidas hace cien años con el fin de ganar terrenos al mar para usos agrícolas y ganaderos.

 

De hecho, el portavoz popular ha subrayado que este tipo de desecaciones se promovieron en los años 20 como política pública desde las administraciones, en España y otros países de Europa, además de para ganar terrenos para usos ganaderos, con un objetivo de salud pública y de prevención de las enfermedades que podían ocasionar las marismas en torno a las poblaciones.

 

Como ejemplo de estas ocupaciones, Fernández ha citado los usos ganaderos que se hicieron en las Marismas de Santoña, los polígonos industriales en las zonas del Bidasoa o la ría de Orio en Guipúzcoa, o el aeropuerto de Hondarribia, así como la cuenda del río Nalón en Asturias o en numerosas rías de Galicia.

 

Iñigo Fernández ha detallado que la proposición de ley insta a las Cortes Generales a modificar los artículos 32 y 66 de la Ley de Costas de 1988, que puso fin a las desecaciones y estableció un tope máximo de 30 años para la utilidad de las concesiones administrativas en dominio público marítimo terrestre vigentes. A medida que llegaba el año 2018, es decir que vencía el plazo, la sociedad fue tomando conciencia de la necesidad de modificar la ley para autorizar prórrogas, algo que se hizo con la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y reforma de la Ley de Costas, porque se entendió que “ni entonces ni ahora estamos en condiciones de prescindir gratuitamente de la actividad económica que se desarrolla en estas parcelas”.

 

Sin embargo, según ha agregado el diputado, desde el año 2018 se ha frenado la renovación de las prórrogas en virtud de una interpretación, equivocada a juicio del PP, del artículo 32 de la Ley, que determina que únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.

 

“Ese artículo siempre se entendió para nuevas concesiones, no para la prórroga de las existentes. Por eso, lo que traemos aquí no es una modificación del contenido de la ley sino una aclaración del articulo 32 y una aclaración del artículo 66, relativo a los plazos de dichas concesiones, para evitar que los que solicitan prórrogas y no obtienen la debida respuesta por parte de la Administración tengan que recurrir a los tribunales. Que lo que están ganando ya en los tribunales se les reconozca por la ley mediante la aclaración correspondiente que hoy proponemos realizar”, ha expuesto Iñigo Fernández.

 

“Hemos venido todas las fuerzas políticas de Cantabria a traer un problema y al mismo tiempo una solución”, ha sentenciado.

 

DESPEJAR INCERTIDUMBRES

 

Por su parte, el diputado por Cantabria Diego Movellán ha recordado que hace una década Cantabria estuvo a punto de ver como se destruían 25.000 empleos a causa de la redacción de una Ley de Costas que amenazaba la continuidad de 1.200 empresas. Según ha dicho, la incertidumbre por la caducidad de las concesiones “limitó la posibilidad de realizar inversiones o pedir financiación, lastró las contrataciones y supuso la contracción de la actividad económica y del desarrollo de toda la comunidad durante años”.

 

Por ello, para Movellán, es importante que se despeje cualquier riesgo de incertidumbre entre quienes crean empleo y entre quienes aspiran a tenerlo y conservarlo. “Hablo de negocios industriales, ganaderos, conserveros, agropecuarios, deportivos, hosteleros y turísticos.  De actividades sostenibles, ambiental y económicamente. De negocios que han sido considerados esenciales en momentos trascendentales. De empresas de las que este país no se puede permitir prescindir”, ha subrayado.

 

En este sentido, ha destacado que la Ley de Uso Sostenible del Litoral que modificó la Ley de Costas de 1988, aprobada por el Gobierno del Partido Popular, demostró que no hay que elegir, que es posible comprometerse con el medio ambiente y con el desarrollo económico. Y ha recordado que, por primera vez, el texto incluía medidas específicas para afrontar con garantías la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral, como incluir la necesidad de la publicidad registral de los deslindes, el reconocimiento de situaciones singulares que requerían tratamientos diferenciados en todo el territorio o la posibilidad de que las concesiones pudieran llegar a 75 años.

 

A su juicio, se debe impedir el riesgo de interpretaciones contrarias a una norma, la ley de 2013, que nació con la finalidad de reforzar la certidumbre y la seguridad jurídica y evitar la amenaza de desmantelamiento de las actividades económicas sostenibles en el litoral del país y la ruina económica que ello significa para las comunidades autónomas y para el Estado.