El PP expresa en el Senado su preocupación por la adicción de los jóvenes al juego, internet y videojuegos

El Partido Popular expresó en el Senado su preocupación por la creciente adicción de los jóvenes al juego, internet y videojuegos, y en este sentido instó al Gobierno de España a tomar medidas preventivas.

 

La senadora por Cantabria del PP, Elena Castillo, afirmó durante su intervención en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Adicciones, de la que es portavoz adjunta, que su formación política "siempre apoyará medidas preventivas y correctoras para frenar situaciones en las que el juego se convierte en el centro de la vida de una persona, causando daño a ella misma y a su entorno familiar, personal o profesional".

 

La parlamentaria cántabra criticó la inacción del Gobierno que, según dijo, "lleva 7 años en el poder y no ha hecho del juego y sus afectados una prioridad". Castillo aprovechó para instar a las Fuerzas de Seguridad del Estado a eliminar las actividades de juego online ilegales en España y exigió a la Dirección General de Ordenación del Juego acciones efectivas para lograr este objetivo.

 

En su turno de defensa de una iniciativa que sitúa a la familia como un elemento trascendental en la prevención de estas adicciones, a la que se sumó Vox, destacó la importancia de la familia en la detección temprana de comportamientos o síntomas de ludopatía en los adolescentes.

 

Por ello afirmó que si el Gobierno de Sánchez quiere ayudar a las familias, "debe destinar recursos públicos para promover la formación en el entorno familiar y establecer un servicio telefónico gratuito que brinde atención permanente a las víctimas de esta adicción y a sus familias".

 

La senadora indicó también que el Gobierno central debe coordinarse con las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los entes locales, así como con los representantes de los afectados y los profesionales sanitarios.

 

La iniciativa aprobada insta al gobierno a lanzar campañas de comunicación institucional útiles, realizar estudios desde el prisma de la salud pública y coordinarse con las Comunidades Autónomas, las diputaciones provinciales, los afectados y las asociaciones, proporcionando mayores recursos tecnológicos y humanos.