El PP pide la comparecencia en el Parlamento de todos los que intervinieron en el concurso de méritos de Economía

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado hoy que el concurso de méritos convocado por el Gobierno por el que se adjudicaron dos nuevas plazas a la consejera de Economía María Sánchez y su secretaria general es una cacicada y un clarísimo amaño y ha anunciado que el grupo popular ha pedido la comparecencia de quienes han intervenido en este proceso para depurar responsabilidades políticas e intentar que se anule por ilegal.

 

Buruaga ha subrayado que el Partido Popular no va a dar por zanjada sin más una actuación que, para empezar, vulnera los principios más básicos de la ética y decencia política, por lo que va a agotar la vía política y demandará toda la información y todas las explicaciones para después decidir con todos los elementos de juicio necesarios si hay que ir más allá. “Ni anticipamos ni descartamos nada”, ha apostillado.

 

En concreto, el PP ha solicitado las comparecencias en el Parlamento del actual Interventor General de la comunidad, Javier Marín García, puesto que este departamento dio el visto bueno a la creación de estas plazas mediante una modificación de la relación de puestos de trabajo que después aprobó el Consejo de Gobierno y a las funciones que debían cumplir los aspirantes, y de la consejera de Presidencia y Justicia, que convocó y resolvió el concurso.

 

Además, ha pedido que María Sánchez y María González comparezcan en calidad de funcionarias para que expliquen qué funciones desempeñan en sus nuevos puestos, adjudicados mediante un concurso de méritos convocado y resuelto cuando ocupaban los cargos de consejera y secretaria general.

 

La dirigente popular ha advertido de que este concurso fue un traje a medida porque se establecieron unos méritos específicos que, oh casualidad, cumplían única y exclusivamente ellas. Para Buruaga, el quiz de la cuestión es si los méritos que se solicitaron a los aspirantes eran coherentes con el puesto o coherentes con la trayectoria profesional de ambas en la Administración Pública.

 

Y ha explicado que para el puesto de jefe del área de fiscalización e intervención adjudicado a la consejera se pedía como mérito experiencia en asistencia a mesa de subastas que se celebren en el ámbito tributario, cuando en las funciones del puesto no se menciona el ámbito tributario de la ACAT, y experiencia en control financiero, cuando entre las funciones del puesto tampoco se habla del control financiero y además ya existen tres jefaturas de área de control financiero.

 

Sobre la Jefatura de la Unidad de Eficiencia y Modernización adjudicado a la secretaria general, ha asegurado que es más que evidente la falta de adecuación de las funciones a las competencias atribuidas por la ley a la intervención. Así, se solicitó experiencia en informática o realización de estadística e informes, unas áreas funcionales que son competencia de otros departamentos del Gobierno.

 

Según la dirigente popular, estamos ante un caso que no se había producido nunca en estos 40 años de autonomía, porque nunca un consejero se había atrevido a utilizar su posición de privilegio para crearse dentro de su propia Consejería un puesto a media y, además, del máximo nivel retributivo.

 

De momento, el PP no tiene todos los elementos de juicio necesarios para saber si lo que es una cacicada en toda regla y un clarísimo amaño de un concurso, presenta además indicios de delito puesto que, como ha recordado Buruaga, el Gobierno no ha remitido aún el expediente al Parlamento, se niega a dar explicaciones y no ha dudado en utilizar la mayoría parlamentaria para librar a sus altos cargos del control parlamentario y evitar que den la cara. Para la presidenta, el Gobierno se está comportando exactamente igual que con las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud, que acabaron no en un cuento o una novela, como decía Revilla, sino con dos condenas por prevaricación.

 

No obstante, ha hecho hincapié en que en política no todo se reduce al ilícito penal, sino que existe el respeto a la ley, la ética y la honestidad, la ejemplaridad en el ejercicio público y las responsabilidades políticas y ha asegurado que lo que sí tiene claro el PP es que la actuación de la consejera y la secretaría general y de quienes tratan de taparla o justificarla es, además de una indecencia política, el exponente de la degradación de un Gobierno que se cree que la administración pública es su corralito.

 

“Yo me pregunto dónde quedó el código ético con el que se da golpes de pecho Pablo Zuloaga. Me pregunto qué opina de esto Miguel Ángel Revilla, porque la que se ha colocado con un concurso a la carta ha sido su consejera de Economía y la que le ha dado el pasaporte, su consejera de Presidencia”, ha dicho.

 

La presidenta ha confesado que no alberga demasiadas esperanzas sobre la posibilidad de que el Gobierno declare la nula la adjudicación de estas dos plazas, un acto viciado, ilegal y nulo de pleno derecho. Y ha explicado que el PP no puede recurrir a la vía administrativa porque no es parte afectada y carece de interés legítimo. “Si lo tuviéramos, les aseguro que ya lo habríamos hecho”, ha apostillado.

 

Buruaga ha concluido insistiendo en que el PP no se opone a a que se dote a la Intervención General de los medios que necesita, incluso con plazas de nueva creación, y a que funcionarios que sean altos cargos puedan concursar y presentarse a una plaza mejor, pero sí a los concursos de méritos fraudulentos y privilegiados, y a que los altos cargos utilicen su posición para convocar concursos a su imagen y semejanza, en los que sólo falta la foto del destinatario en el Boletín Oficial. “En definitiva, a los atropellos a la legalidad, a la degradación de la política y al todo vale que se ha impuesto en este Gobierno”, ha concluido.