El PP propone flexibilizar la aplicación de la PAC ante la crisis sin precedentes del sector primario

El Partido Popular ha registrado una proposición no de ley en la que pide solicitar al Gobierno de España que promueva ante la Comisión Europea las medidas oportunas para flexibilizar la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para 2022, con un anticipo real de los pagos a los productores y un incremento del adelanto del pago del 50 al 70%.

 

Es una de las 9 medidas contenidas en la iniciativa que el Grupo Popular defenderá el próximo lunes en el pleno del Parlamento de Cantabria para combatir la que el diputado regional y portavoz de Ganadería del Grupo Popular, Pedro Gómez, ha definido como “la mayor crisis del sector primario y del sistema agroalimentario”.

 

Gómez ha señalado que el sistema alimentario es un sector estratégico de la economía que necesita de “soluciones reales” puesto que su sostenibilidad está en riesgo por el constante incremento de costes de producción, la insuficiencia en los precios percibidos y los desequilibrios entre oferta y demanda, a lo que ahora se suman las consecuencias que se derivan de la invasión rusa de Ucrania.

 

“Todo esto unido a los efectos de la preocupante sequía y los altos costes energéticos que ya lastran la rentabilidad de las explotaciones derivará en un encarecimiento sustancial del precio de los alimentos, con un IPC que en el presente año puede alcanzar los dos dígitos”, ha advertido Gómez, aludiendo también al riesgo de desabastecimiento de los mercados.

 

Por ello, en la iniciativa del PP, además de proponer flexibilizar la aplicación de la PAC ante la crisis sin precedentes del sector primario, se insta al Gobierno de Cantabria a exigir al de España que proceda a la modificación de la propuesta de Plan Estratégico de la PAC de España, remitido a la Comisión Europea el pasado 29 de diciembre de 2021. Dicha revisión debe realizarse con carácter de urgencia, y deberá llevarse a cabo contando con la participación de las comunidades autónomas y de las organizaciones representativas del sector agrario.

 

En un tercer punto se solicita que el Gobierno de España promueva ante la Unión Europea la revisión del Pacto Verde Europeo y de diferentes estrategias, como la “Estrategia de la Granja a la Mesa” y la “Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030”, de tal manera que de su aplicación no se derive una pérdida de potencial productivo del sector agroalimentario, ni de rentabilidad para los productores.

 

También se demanda que se solicite a la Comisión Europea la activación de la Reserva de Crisis prevista en el Reglamento sobre la Organización Común de Mercados (OCM), diseñada para apoyar al sector cuando, como es este caso, las crisis afectan a la producción.

 

Asimismo, los populares piden que el Gobierno de España inicie urgentemente los trabajos con las organizaciones sectoriales para la búsqueda de nuevos mercados en origen que permitan garantizar el suministro de alimentos, en especial para la ganadería, y el acceso a nuevos mercados potenciales que resulten adecuados para redirigir la exportación de los productos alimentarios que puedan verse afectados por las posibles restricciones al comercio a consecuencia del conflicto bélico.

 

Igualmente, reclaman que el Gobierno de España aplique con carácter inmediato las bonificaciones establecidas en la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, de hasta un 35% de la factura del gasóleo y un 15 % de la de los plásticos y fertilizantes para uso agrícola; así como ayudas para compensar las pérdidas producidas por la sequía en las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas, en virtud del Fondo Extraordinario de lucha contra la sequía y sus consecuencias.

 

Y, finalmente, el PP pide establecer, hasta el 31 de diciembre de 2022, un tipo del 4% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a las compras realizadas por los productores agrarios de aquellos medios de producción necesarios para el desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas o forestales; y reducir, para el período impositivo 2021, los índices de rendimiento neto aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por los desequilibrios del mercado, el incremento de los costes de producción y otras circunstancias extraordinarias.