El PP propone oficina apoyo jurídico a afectados por la Ley de Costas, por la actitud “obstinada y terca” de Teresa Ribera
La ministra “es una calamidad para Cantabria”, según el diputado del PP Íñigo Fernández
El portavoz parlamentario del Partido Popular, Iñigo Fernández, ha dado a conocer hoy una proposición no de ley para defender a los afectados por la Ley de Costas y al tejido productivo de Cantabria frente a las agresiones de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la que ha pedido que tome nota y aplique la doctrina del Tribunal Supremo (TS) sobre las concesiones en suelo marítimo-terrestre. En su iniciativa, los populares proponen, además, que el Gobierno de Cantabria habilite una oficina de apoyo jurídico y asesoramiento a los afectados, ante lo que considera actitud “obstinada y terca” de la ministra.
Según ha recordado Fernández en rueda de prensa, la proposición de ley aprobada por el Parlamento de Cantabria el 20 de diciembre de 2021 para instar a las Cortes Generales a aclarar la redacción del artículo 32 de la Ley de Costas de 1988, e interpretarlo como siempre se había venido haciendo hasta la llegada de Teresa Ribera al Ministerio en 2018, fue “tumbada” en las Cortes Generales. Sin embargo, el TS interpreta ese artículo en el mismo sentido que propone la iniciativa, es decir, a favor de los titulares de las concesiones.
Iñigo Fernández ha explicado que el derecho está con ellos, pero Teresa Ribera mantiene paralizados los expedientes de renovación, lo que aboca a los solicitantes a acudir a los tribunales. “Los tribunales dicen cómo hay que interpretar el artículo 32 de la Ley de Costas, pero Teresa Ribera parece que todavía no ha tomado nota de esa resolución y sigue sin resolver los expedientes que tiene paralizados desde 2018 para renovar concesiones administrativas en el dominio público marítimo-terrestre. Sigue sin querer enterarse: obstinada, terca, sin aplicar la ley”, ha dicho.
Para el portavoz popular, el problema radica en que, si el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico no modifica su actual postura y no aplica la interpretación del TS en todos los expedientes que tiene pendientes, abocará a todos los concesionarios que deseen tramitar la prórroga de sus concesiones en vigor a recurrir a la vía judicial, con un innecesario retraso en la resolución de sus expedientes y el consiguiente perjuicio económico.
La iniciativa que el Grupo Popular defenderá en la próxima sesión plenaria reclama que el Gobierno de España empiece a aplicar en los expedientes en tramitación la doctrina del Supremo respecto a la prórroga de las concesiones administrativas en el dominio público marítimo-terrestre. “Que no espere más, que empiece a interpretarlo ya así porque no solo se lo venimos pidiendo nosotros, se lo exigen los tribunales”, ha dicho.
Asimismo, se insta al Gobierno de Cantabria a habilitar una oficina de atención y apoyo a los afectados por la Ley de Costas con el fin de desarrollar labores de orientación y asesoramiento jurídico a los efectos de tramitar las prórrogas de las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre, paralizadas hasta ahora por la Demarcación de Costas en Cantabria, o, en su caso, plantear el correspondiente recurso ante los tribunales de justicia.
El portavoz del PP ha expresado su confianza en que esta iniciativa sea aprobada en el Parlamento de Cantabria como la proposición de ley del 20 de diciembre de 2021, aunque ha mostrado sus dudas con respecto a la postura del PSOE, porque “todo el daño que está haciendo Teresa Ribera a esta región, lo está haciendo con el silencio del PSOE de Cantabria, cuando no con el aplauso de los socialistas de Cantabria como Pedro Casares”, ha dicho.
“Teresa Ribera se ha convertido en una de las principales enemigas de Cantabria. Es una calamidad. Lo saben los ganaderos de alta montaña que sufren los ataques del lobo; lo saben los usuarios de las playas, en concreto en Santander, abandonadas por el Ministerio de Transición Ecológica: lo saben los trabajadores y los empresarios de la industria electrointensiva, que están pagando las consecuencias de la política energética de este Gobierno; y lo saben los titulares de concesiones administrativas en las costas, a quienes se les niega la posibilidad de renovar sus concesiones y mantener la actividad económica“, ha concluido Iñigo Fernández.