El PRC ratifica en el Senado su oposición a la Ley de Universidades por su “impacto negativo” sobre la Universidad
El senador autonómico lamenta que el Gobierno rechace las enmiendas presentadas por los regionalistas ya que estaban “consensuadas” con el sector
El Partido Regionalista de Cantabria ha votado hoy en el Senado en contra del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) por tratarse de un texto que presenta “muchas imperfecciones” y “hondos retrocesos” en muchas materias que supondrán un “impacto negativo” sobre la Universidad.
El senador autonómico, José Miguel Fernández Viadero, ha lamentado que las enmiendas presentadas por el PRC para “corregir” los “desequilibrios” hayan sido rechazadas por el Gobierno, pues estaban “consensuadas” con el sector.
Durante su intervención en la Cámara Alta, ha señalado la necesidad de reformar la ley actual, que data del año 2001, pero ha criticado que el texto elaborado por el Consejo de Ministros es “continuista” y no satisface al sector, tal y como se ha puesto de manifiesto “desde la práctica totalidad” de los afectados.
“Así lo atestigua la postura tanto de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas como las asociaciones de representación de estudiantes y las plataformas de afectados que se han creado”, ha recordado el senador.
A su juicio, la pretensión de modernizar y acoplar a la realidad social el sistema universitario español “se ha quedado corta” en el texto presentado, con problemas sin soluciona “y en muchos casos ha ido a peor”.
En concreto, el senador ha rechazado la “inseguridad” creada al colectivo del profesorado ayudante doctor y a muchos profesores asociados. “Estamos de acuerdo en que no puede abusarse del profesorado asociado”, ha manifestado Fernández Viadero.
No obstante, ha opinado que la solución tomada en la Ley es “desmesurada, pues pagan justo por pecadores”, como en el caso de la Universidad de Cantabria “que ha hecho bien su trabajo”.
También ha criticado la rebaja en la pretensión de alcanzar la inversión del 1% del PIB en la universidad, pues está ley “impone” una serie de medidas que supondrán un “incremento de gastos sin considerar un aumento de la financiación”, que recaerá en las Comunidades Autónomas.
Asimismo, ha tachado de “incomprensibles” algunos de los cambios en materia de gobernanza como, por ejemplo, la “excesiva” flexibilización en los requisitos para la elección del rector.
“Si bien creemos que no se debe responder a criterios elitistas ni excesivamente restrictivitos, unos mínimos de docencia e investigación son necesarios”, ha apuntado Viadero.
Por ello, el senador autonómico había presentado cuatro enmiendas dirigidas a “corregir” los “desequilibrios” y a permitir una “mayor flexibilidad” de las universidades en la transición que el texto plantea “en temas de gran sensibilidad y que pueden causar importantes trastornos”.