La presidenta Buruaga firma con todos los agentes judiciales el primer Pacto para la Justicia en Cantabria

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha firmado hoy el primer Pacto para la Justicia en la comunidad autónoma con todos los colectivos profesionales, instituciones y entidades del sector judicial, que se han unido al Gobierno en torno a un acuerdo "inédito" y a un objetivo compartido: "hacer de la Administración de Justicia un mejor servicio público".

 

Así lo ha destacado Buruaga en su intervención posterior a la firma, donde ha explicado que el documento contiene un total de doce compromisos, articulados en tres ejes: dotación de medios humanos y materiales, mejora de la gestión administrativa e impulso a los servicios judiciales.

 

Lo primero que ha hecho la presidenta ha sido agradecer a todos los organismos firmantes (Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía Superior, Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia y Colegios de Abogados, Procuradores y Psicólogos) su disposición y su trabajo para alcanzar un acuerdo que aspira a "revertir el deterioro" que viene padeciendo este servicio público "trascendental" y sentar las bases de un "gran salto adelante".

 

A su juicio, este pacto sectorial –el tercero de la legislatura, tras los suscritos anteriormente con los ganaderos y los médicos- es una muestra más de que el diálogo y la colaboración se han convertido en un "instrumento al servicio del cambio" en la comunidad autónoma.

 

También ha dicho que es un pacto "abierto y dinámico", "necesario y extraordinariamente oportuno", y un "pacto con mensaje", en alusión al actual contexto político nacional: "Tenemos que defender más que nunca la justicia como un poder constitucional frente a quienes ponen en jaque nuestro Estado de Derecho con sus ataques a la independencia de jueces y magistrados y el cuestionamiento de las resoluciones judiciales", ha afirmado.

 

Compromisos

 

El Pacto para la Justicia parte de la base de la "preocupante situación" de la justicia en Cantabria, según recoge el texto, y en él se concretan doce compromisos para mejorar la prestación del servicio público en la comunidad autónoma, estructurados en tres ejes.

 

El primero de ellos, el de medios materiales y humanos, incluye la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación o mejora de los edificios e infraestructuras existentes. Para ello, el Gobierno de Cantabria elaborará un plan de inversiones calendarizado para los próximos cinco años que incluirá, entre otras actuaciones, las nuevas sedes de los Juzgados de Laredo y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la ampliación de Las Salesas y la adecuación de las instalaciones del Palacio de la Justicia y el Edificio Europa de Santander, donde también se llevará a cabo un estudio de alternativas para la reordenación de sus sedes judiciales.

 

En materia de recursos humanos, se va a promover ante el Ministerio de Justicia, que es la administración competente, un plan de empleo para atender las necesidades del sistema y conseguir un "adecuado relevo generacional" entre los empleados públicos.

 

En relación al segundo de los ejes, el de mejora de la gestión administrativa, Buruaga ha anunciado una inversión de 6,6 millones de euros para la digitalización de la Administración de Justicia y del Registro Civil, la modernización de los juzgados de paz y la integración completa del sistema de gestión procesal Vereda.

 

Finalmente, el tercer y último eje, el de impulso a los servicios judiciales, contempla la expansión del proyecto de mediación intrajudicial, la revisión de la normativa autonómica sobre personal, el despliegue de las oficinas del Registro Civil o la implementación de las reformas contempladas en las leyes de eficiencia organizativa, digital y procesal.

 

El acuerdo incluye también la puesta en marcha de la Oficina Judicial y la Oficina Fiscal en Cantabria, y la mejora del servicio de asistencia gratuita y del turno de oficio. Precisamente, coincidiendo con la celebración, hoy, del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio -"la Justicia de los Cuidados"-, la presidenta ha reiterado el compromiso del Gobierno de modificar y corregir el decreto actualmente en vigor –ayer comenzó el trámite de información pública- con el objetivo de facilitar la tramitación de los expedientes e incrementar la cuantía económica de los baremos que compensan el trabajo de los profesionales adscritos al turno de oficio, tal y como venía reclamando el sector.

 

Del mismo modo, el pacto recoge el compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la plena inclusión de las personas mayores o con discapacidad a través de la figura del facilitador, así como de adecuar el servicio a los menores de edad y favorecer la tramitación telemática. En este sentido, se habilitarán salas multiusos con equipos de videoconferencias en diferentes instalaciones y espacios para la protección o espera de testigos y víctimas especialmente vulnerables.

 

Concretamente, la jefa del Ejecutivo ha avanzado que se va a impulsar la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito y se va a crear un turno de oficio especializado para personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se van a procurar estancias para que los abogados puedan asistir a los detenidos de forma digna y se renovarán las áreas de custodia o calabozos.

 

Firmantes

 

María José Sáenz de Buruaga ha suscrito el pacto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral; la secretaria de Gobierno del TSJC, María del Pilar Socorro; la fiscal superior, Pilar Jiménez, a quien la presidenta ha felicitado por su reciente nombramiento como miembro del Consejo General del Poder Judicial; la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, Rosa Solana; los decanos del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego, y del Colegio de Procuradores, Rosaura Díaz, y la secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, Nelly Cabrera. 

 

También han estado presentes la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, y el director general de Justicia, Juan Ignacio Sáez.