ACPT critica “otro capricho del concejal Jesús Sánchez”

Denuncian que se contraten dos administrativos para la tramitación de la “Tarjeta Ciudadana”.

Desde ACPT afirman que en el último pleno se vivió una situación rocambolesca de manos del concejal Jesús Sánchez en la que “el derroche vuelve a ser protagonista”.

 

El mencionado concejal, del que afirman que nadie sabe muy bien a que se dedica en un área que, por más que lo han solicitado, nunca se les ha explicado exactamente para que sirve, ha solicitado y, lo que es peor, ha conseguido, que se contraten dos administrativos para la tramitación de ese ente en forma de plástico denominado “Tarjeta Ciudadana”.

 

Según la ACPT, cualquier vecino de Torrelavega que haya tenido que hacer alguna gestión recientemente habrá comprobado la carencia de personal que existe en prácticamente todas las áreas, tanto las que trabajan de cara al público como las que deben resolver tramitaciones y expedientes de manera interna. En muchos casos, hay expedientes que se alargan años debido a la falta de personal y varios jefes de Servicio reiteradamente solicitan el refuerzo de la plantilla para poder cumplir mínimamente sus cometidos.

 

Sin embargo, es casi una lotería que se escuche alguna de esas peticiones y algunos departamentos acumulan peticiones sin atender durante años. Aunque como en otros ámbitos de la vida, en el Equipo de Gobierno de Torrelavega también hay “un niño bonito del alcalde”.

 

Afirman que “Ese niño caprichoso y egoísta llamado Jesús Sánchez” que lleva toda una legislatura sin hacer nada de provecho, derrochando en patochadas una detrás de otra y, haciendo que Torrelavega sea motivo de mofa por sus ocurrencias. “El concejal dinamizador, que lo único que dinamiza es el gasto entre diferentes partidas presupuestarias, necesita personal para nadie sabe qué”.

 

La ACPT ha preguntado en la Comisión correspondiente para qué sirve la Tarjeta Ciudadana y, más allá de haber gastado alrededor de 380.000 euros, son incapaces de obtener una respuesta coherente con datos y con cifras. Algún argumento objetivo que explique por qué, además, se deben gastar otros 35.000 euros más en personal para una tramitación que se hace online.

 

Una tarjeta sin implantación real en la ciudadanía, sin objetivos ni funciones claras, más allá de exhibir el cómico logo con trabalenguas en el que sólo su protagonista cree, pero que, una vez más, “supone derroche de recursos y dinero público a cargo de un político que debería ser apartado de una vez”, pues ocupa un espacio que seguro que alguien con capacidad podría utilizar para algo más que hacer bancos gigantes o torres deformes.