Izquierda unida y Podemos denuncian el total “abandono” institucional de los vecinos y las vecinas del número 6 de la calle Ronda Garcilaso en Torrelavega tras la situación insostenible que padecen en sus viviendas desde hace cuatro años.

Viviendas en estado lamentable, apuntaladas en distintos tramos para evitar derrumbes, ventanas que no cierran, puertas que no encajan, ascensor clausurado, daños estructurales y vigas que han cedido es el marco en el que se desarrolla la vida de las familias del edificio afectadas por las obras del local de las oficinas del ICASS.

“El Ayuntamiento tendría que haber actuado de una forma firme desde hace tiempo y no haber permitido que la seguridad de los habitantes del inmueble haya estado comprometida durante tanto tiempo. Es inadmisible que los residenteshayan sido «olvidados» por el Ayuntamiento una vez que se ha producido el apuntalamiento”,manifiesta Borja Peláez, miembro de IU y candidato a la alcaldía de Torrelavega en la coalición.

Por su parte Pablo Gómez, candidato de Podemos y número dos de la coalición, señala que “resulta paradójico que, el Gobierno de Cantabria, que es quien ha provocado esta situación, eluda responsabilidades y tan sólo ofrezca a las familias una línea de ayudas cuyos requisitos ni tan siquiera cumplen”.

Desde la coalición subrayan que “las políticas sociales deben favorecer el bienestar y la calidad de vida de las personas y el derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental. Garantizarles que sus viviendas van a ser reparadas es una obligación y cualquier actuación en otro sentido, sólo remarca una clara inacción por parte de nuestraclase política. Es deplorable que tengan tiempo para actos de precampaña y no tengan un minuto para resolver los graves problemas de estos vecinos y vecinas”.

“Es urgente que el Ayuntamiento que proceda a realizar un informe sobre el apuntalamiento del edificio y que lleve un seguimiento concienzudo del estado del mismo” sentencia Peláez añadiendo que “lo que no es de recibo es que además de no ayudarles, el consistorio reclame a la comunidad de vecinos más de 4300€ por el mismo”.

“Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Cantabria deben velar por la calidad en las viviendas de la ciudad, que deben cumplir los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.” finaliza Gómez.