La Plataforma Salvar Torrelavega considera que la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) coincidiendo con los trabajos del soterramiento de las vías ferroviaria supondrá "la tormenta perfecta" que "le dé la puntilla" a muchos comercios minoristas de la ciudad, pero también a otros colectivos como hosteleros, autónomos o profesionales liberales.

Esta situación se produciría cuando se aplicasen restricciones al paso de vehículos ligeros por las calles del centro de Torrelavega pero, en cambio, se permitiesen miles de viajes de pesados y sucios camiones cargados de tierra y barro por la ciudad cada mes, necesarios para ejecutar las obras del soterramiento, un proyecto cuya duración estimada es de unos ocho años.

Además, el panorama se complicaría por el paso de decenas de autobuses que deberán hacer parada en Torrelavega para traer y llevar a los cerca de 500 pasajeros diarios entre las estaciones ferroviarias de Puente San Miguel y Barreda, ya que el tren que no podrá cruzar la ciudad debido a las obras del soterramiento. En la actualidad, unos 130 trenes cruzan la estación de Torrelavega, de ellos 90 en dirección a Santander y el resto a Cabezón de la Sal.

El portavoz de la Plataforma, Angel Herreros, ha resaltado que con la implantación de la ZBE “el comercio de Torrelavega nos jugamos el futuro” ya que, en función de la alternativa que se elija desde el Consistorio, podría servir para alejar a los clientes de los establecimientos, con la consiguiente “pérdida drástica” de facturación, lo que conduciría a cierres, un importante incremento del paro “y pobreza para el municipio”.

Ha recordado que en la actualidad un 30 % de los locales comerciales del centro de Torrelavega están cerrados, situación que se podría agravar con una ZBE muy amplia o mal planificada, con nuevos cierres, descenso de la facturación y más desempleo.

Según los datos recabados por la Plataforma, la implantación de la ZBE al área comercial urbana de Torrelavega provocaría "un efecto barrera" para entre el 65 % y el 70 % de los clientes habituales, además de fomentar la fuga a centros comerciales del entorno, la compra on-line o la marcha a Santander, que dispone de más de 20 parking.

Ante esta situación, la Plataforma ha elaborado durante los últimos meses dos alternativas para la implantación de la ZBE, según Herreros alternativas "menos lesivas” y con menor coste para las arcas municipales y para el sector comercial de la ciudad, todas ellas cumpliendo la Ley y sin perder los 3,5 millones de euros de fondos europeos.

Estas propuestas, que abarcarían entre 70.000 y 100.000 metros cuadrados --el Ayuntamiento aboga por 200.000-- y se desarrollarían partiendo de la actual zona peatonal de Torrelavega con mínimas incorporaciones de calles en el entorno, con la limitación de la velocidad a 20 kilómetros/horas para calmar el tráfico rodado, aplicando controles mediante cámaras y bolardos, y no limitar el paso de vehículos por las calles Francisco Díaz, Joaquín Hoyos y Ruiz Tagle, verdaderas arterias de esa Zona de Bajas Emisiones.

Como ejemplos, ha explicado propuestas para la ZBE que defienden ciudades como Santander, que ha dicho que no la aplicará si no es necesario; Gijón y Avilés, que la quieren reducir al mínimo mediante supermanzanas ya peatonalizadas; Málaga, Palma de Mallorca o Granada, que han pedido una moratoria; o Pontevedra, que consiguió ser indultada en base a sus buenos índices de contaminación.

También ha resaltado las propuestas presentadas al Ayuntamiento y no atendidas, entre ellas realizar un informe de impacto socio económico previo a la implantación de la ZBE, retrasar su puesta en marcha hasta no disponer de la comarcalización del Torrebus y hasta el inicio de las obras del aparcamiento disuasorio de La Carmencita.