Ricciardello lamenta que el concejal Jesús Sánchez atribuya el nuevo retraso de la OLA gratuita a la burocracia
Cs Torrelavega condena la inoperancia del concejal, que prometió su implantación a finales de 2022 y ahora afirma que no estará lista hasta después de las elecciones
El concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Torrelavega, Julio Ricciardiello, ha lamentado que el concejal de Movilidad , Jesús Sánchez, haya vuelto a demorar la implantación del Estacionamiento Regulado Activo (ERA), más conocido como OLA, para después de los comicios de mayo. Ricciardiello, que preguntó sobre esta cuestión en la reciente comisión de Movilidad, ha mostrado su disconformidad con que el contrato ya esté firmado “pero no se ejecute”.
“El concejal Jesús Sánchez prometió que la OLA estará en marcha a finales de 2022, pero en marzo ha vuelto a retrasar su puesta en marcha a después de las elecciones, supuestamente porque hay que preparar la comunicación y la señalización, que será digital”. Para Ricciardiello, esta circunstancia tenía que haberse previsto con antelación y no avanzar fechas “que desde el primer momento sabían que no se iban a cumplir”.
Para el edil de la formación liberal, con una ordenanza aprobada en solitario por el equipo PRC-PSOE el pasado 10 de octubre, y con una tramitación correcta por parte del departamento de Contratación y el servicio de Movilidad, iniciada el 31 de octubre y finalizada el pasado mes de enero,y ratificado en un mes después, “nos vienen ahora que no se puede poner en marcha porque no tenemos señalización. Parece una broma”, ha criticado Ricciardiello.
En su opinión, “es evidente” que la voluntad del concejal es retrasar el servicio “por cobardía y cuestiones electorales” y ha lamentado que Sánchez haya pasado 4 meses “al sol”, sin trabajar ni preparar un proyecto “en el que queda claro que no cree”. Para el portavoz de Cs, este proyecto ha pasado de ser una propuesta efectiva de Ciudadanos, con aparcamientos en rotación y alta rotación gratuita en todo el centro de la ciudad, a un “injerto” de sólo 123 plazas perjudicando a los transportistas y que, según Ricciardiello, “nos costará, sin contar la tramitación de sanciones, que superan los 7.000 euros al año. Un despropósito”.