El Grupo Municipal VOX ha presentado una moción ante la Comisión Informativa de Movilidad del Ayuntamiento de Torrelavega solicitando una moratoria inmediatapara la implantación de la Zona de Bajas Emisionesen la ciudad. Esta solicitud se produce en respuesta a la reciente admisión a trámite de una demanda judicial presentada por una asociación de vecinos y comerciantes de la ciudad contra esta ruinosa zona de bajas emisiones.
Su portavoz, Roberto García Corona, subrayó que, en otras ciudades, como Madrid, las ZBE han sido anuladas judicialmente debido a la falta de estudios técnicos rigurosos y al incumplimiento de normativas legales."Es fundamental que Torrelavega no repita los errores de otras ciudades. No podemos permitir que una medida tan perjudicial para los vecinos se implemente en nuestra ciudad sabiendo que no cuanta coninformestécnicossuficientes, como el desu impacto socioeconómico, y que esto ha supuesto su anulación en otras ciudades".
“Estas medidas, que restringen la libertad de circulación, han demostrado tener un impacto negativo en la economía local y en los sectores más vulnerables. Cualquier medida que afecte a derechos fundamentales y a la vida de los ciudadanos debe ser evaluada cuidadosamente. La implantación de la ZBE en Torrelavega carece de los estudios técnicos necesarios y, además, está pendiente de resolución judicial. No podemos permitir que esta medida avance sin tener todas las garantías legales y sociales." ha señalado el portavoz.
Además, VOX destaca que seguir adelante con la implantación de la ZBE, estando pendiente de resolución judicial, es un acto de irresponsabilidad por parte del alcalde. "Si la justicia finalmente anula esta medida, como ya ha sucedido en otras ciudades, el Ayuntamiento se enfrentaría a problemas económicos por la devolución de las sanciones injustamente impuestas a los vecinos", advirtió García Corona.
Asimismo, el portavoz destacóque su grupo ha mostrado “una oposición clara y constante a la ZBE en Torrelavega desde el inicio, considerando que la realidad económica, medioambiental y social de la ciudad no justifica la necesidad de imponer estas ruinosas restricciones.”