El Ayuntamiento de Camargo ha celebrado este jueves el Pleno ordinario correspondiente al mes de marzo en el que, entre otros asuntos, se ha aprobado por unanimidad recuperar un tramo de carretera situada entre la S10 y el acceso al Aeropuerto de Parayas, junto al Polígono de la Mies de San Juan, para que vuelva a ser de titularidad municipal.
Para ello, se ha solicitado formalmente la transferencia de la titularidad de dicho tramo de vial al Ministerio de Fomento, de quien además se ha logrado el compromiso de hacerlo devolviendo la carretera ya asfaltada y en buen estado.
Se trata de una carretera de una superficie de 4.441 metros cuadrados que se ubica en la que es actualmente la denominada calle Hélice, en el callejero municipal.
El concejal de Obras, Íñigo Gómez, ha destacado que una vez que se recepcionen los trabajos "se completará la renovación de las carreteras de dicho polígono empresarial, dado que se sumará a la actuación que realizó el año pasado el Ayuntamiento para mejorar los viales de titularidad municipal".
Por otro lado, se han aprobado por unanimidad las medidas para ayudar en coordinación con el Gobierno de Cantabria a familias desplazadas desde Ucrania como consecuencia de la invasión de su país por parte de la Federación Rusa.
La alcaldesa, Esther Bolado, ha señalado que se trata de "una causa humanitaria" para que las familias víctimas de la guerra "se sienten acogidas e integradas" y ayudar a paliar en lo posible "el pánico y la tristeza que sienten".
La regidora también ha agradecido la colaboración de las consejerías de Educación y de Sanidad del Gobierno de Cantabria en los procesos de tramitación de las solicitudes de tarjetas sanitarias o en los procesos de escolarización de los hijos, en los que Camargo ha acompañado y asesorado a los refugiados, como también lo ha hecho en la tramitación de los permisos de residencia temporal.
El primer teniente de alcalde, Héctor Lavín, ha indicado que “a todos nos gustaría que nos ayudaran en situaciones que, desafortunadamente, nos pueden pasar a cualquiera”, y la concejala de Servicios Sociales, Teresa Pilar Fernández, ha explicado que las medidas de ayuda incluyen un plan de integración de las familias “ya que se trata de personas que quieren trabajar y ser autosuficientes, y regresar en cuanto puedan a su país”.
Fernández ha recordado que estas medidas del Ayuntamiento consisten en “una colaboración en atención a la directiva del Consejo de Europa y de los Gobiernos de España y Cantabria”. Entre ellas se encuentra la puesta a disposición de cinco viviendas ya asignadas por los Servicios Sociales Municipales y que están en trámites para ser utilizadas, para así ayudar a la falta temporal de las familias de un lugar en el que alojarse, donde se ha dado prioridad a las familias con menores a cargo.
Además, durante la sesión también se han aprobado con los votos a favor del Equipo de Gobierno (PSOE-PRC) y Ciudadanos, y la abstención del PP las bases de la convocatoria de ayudas sociales con destino al personal municipal, recogidas en el Acuerdo Marco y Convenio Colectivo Municipal, que debe ser aprobada en Pleno casa ejercicio.
Se trata de ayuda por hijos nacidos o adoptados, para estudios, por discapacidad, ayudas para discapacidad de hijos, subvenciones, y otras ayudas, para las que se destinan en 2022 un total de 95.000 euros.
Asimismo, entre los asuntos abordados se ha dado cuenta de la aprobación de la liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2021 que presenta un remanente líquido de tesorería para poner a disposición de los vecinos de 15,4 millones de euros, y también se ha dado cuenta de la aprobación de la Cuenta de Recaudación Municipal correspondiente al pasado ejercicio.
Finalmente, en el apartado de mociones, se ha presentado una moción por parte del Grupo Regionalista en la que instaba al Gobierno a “rectificar” el cambio de posición respecto al conflicto del pueblo saharaui con Marruecos, que ha obtenido el apoyo de PP y PRC y la abstención de PSOE y Ciudadanos; y se ha presentado una moción por parte del Grupo Popular en la que instaba al Gobierno de Cantabria a instar al Gobierno de España a ejecutar el Plan de Actuación de Cercanías del Ferrocarril de 2017, que ha contado con el voto a favor de PP, PRC y Ciudadanos, en tanto que el PSOE ha votado en sentido negativo.