El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Santander,Keruin Martínez, ha denunciado el retraso que se está acumulando en las solicitudes de ayudas económicas que gestiona el área de Servicios Sociales.

Tras mantener sucesivas reuniones con afectados y trabajadores del servicio, el edil ha conocido que el atasco de solicitudes se remonta al pasado mes de noviembre y que, hasta ahora, afecta a más de 300 expedientes.

“Se trata una cifra muy conservadora,ya que cada semana se acumulan más expedientes y hay que recordar que cada uno de ellos corresponde a una unidad familiar y no solo a personas físicas”, ha matizado Martínez en rueda de prensa, en la que ha estimado que el número de afectados por este retraso puede superar el millar, algo que ha calificado de “indignante”.

Según ha podido saber el concejal, la media de resolución cada semana ronda unos 20 expedientes, “por lo que, sin contar las solicitudes que continúan llegando día tras día, se necesitarían varios meses para poner al día el servicio”, ha lamentado. Martínez ha explicado que es habitual la tardanza en la respuesta a los afectados, en una media de seis meses, “por lo que se da la situación perversa de que una ayuda que está destinada a una situación de emergencia no cumple esa función, porque los expedientes se dilatan muchísimo”.

MOCIÓN EN EL PLENO PIDIENDO REFORZAR EL SERVICIO

El concejal ha presentado una moción para el próximo pleno municipal sobre este tema, en la que pide reforzar el servicio y buscar las causas de esta “penosa situación”, y “para ponerles solución”.

Además, Martínez pedirá que se agilice la aprobación de una nuevaOrdenanza Reguladora de Ayudas Económicas Municipales, después de que se derogara la anterior el pasado mes de diciembre para encajarla con la normativa de la Ordenanza General de Subvenciones y Ayudas que el equipo de Gobierno aprobó el pasado año.

En esta nueva Ordenanza, el edil ha solicitado que se revierta el carácter de las ayudas para que no sean consideradas subvenciones. “Son ayudas para unos gastos concretos de personas o unidades familiares con reconocida exclusión y emergencia social”, ha matizado.

“Suelen ser de una modesta cantidad, tienen por fin facilitar el coste denecesidades de alimentación o higiene, así como del cuidado infantil, por lo que no es normal que se les trate como si fuese un incremento de patrimonio, que no es tal, porque esto perjudica a esas familias de cara a futuras ayudas”.

Además, Martínez ha pedido que se simplifiquen los trámites en la demanda de los Servicios Sociales, “con el fin de dar una respuesta efectiva a las personas demandantes”, así como ayudar a los empleados del servicio, “que se están enfrentando a un trabajo acumulado en unas condiciones indeseadas”.

Y es que ha querido señalar como parte del problema la carencia del personal en esta área. “Actualmente, hay una ratio de un trabajador por cada más de 8.000 ciudadanos, cuando la ratio idónea está entorno a uno por cada 5.000” ha explicado, a lo que ha añadido que“los empleados apenas tienen tiempo para dedicar a los afectados, lo que hace obvio que el servicio necesita un refuerzo urgente”.

Por último, Martínez ha querido resaltar la importancia del área y de una rápida respuesta. “Somos la administración más cercana al ciudadano y, como tal, debemos ser más sensibles con sus problemas diarios y saber que, aunque algunas ayudas se entreguen con efecto retroactivo, las facturas, el alquiler o los gastos no pueden esperar los seis meses de media que tardan las resoluciones”.