I.U-Podemos pregunta si el Ayuntamiento de Santander intentará evitar el encarecimiento de la vivienda protegida

El concejal de Izquierda Unida-Podemos, Keruin Martínez, preguntará al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander si intentará evitar el encarecimiento de la vivienda protegida, tras las declaraciones del consejero de Vivienda del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, sobre su intención de encarecer, a cargo del inquilino, un 21,7% su construcción para “fomentar la inversión privada”.

 

“Nos preocupa especialmente que se hayan referido a nuestro municipio como uno de los principales afectados, y que romperá con los criterios de accesibilidad para personas con rentas más bajas”, ha alertado el concejal.

 

Según ha constado en prensa, la idea es que el precio de la vivienda protegida en Santander aumente hasta los 124.678 en venta y los 519 euros mensuales. “Este anuncio rompe el sentido fundamental de las viviendas públicas, que es garantizar el acceso a una vivienda digna a todas las personas, y, en contrapartida, se centra en que suponga un beneficio para el interés privado de las promotoras inmobiliarias”, ha criticado Martínez.

 

El edil ha destacado que las cifras anunciadas son “inasumibles” para muchas personas, ya que implica que deben destinar más del 50% de su nómina al pago de la vivienda, “lo que reduce su capacidad de optar a esta oferta pública”.

 

Así, el concejal ha recordado que aún queda pendiente la aplicación de la Ley de Vivienda, “que fija la accesibilidad en que los inquilinos no deban tener que destinar más de un 30% de sus ingresos”.

 

Además, esta ley, ya en vigor a nivel estatal, cuenta con herramientas para perseguir la especulación en el mercado inmobiliario, así como para gravar las viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitre.

 

“Esta debería ser la prioridad del Gobierno de Cantabria en materia de vivienda, no buscar la fórmula para que quienes mercadean con un bien básico sigan enriqueciéndose”, ha criticado Martínez.

 

Por este motivo, el concejal ha registrado una batería de preguntas dirigidas a la Concejalía de Vivienda, para conocer cómo va a afectar este anuncio del Gobierno cántabro a la vivienda oficial ofertada por el Ayuntamiento de Santander, y si el Consistorio va a blindar y aplicar medidas para proteger la accesibilidad y los precios.

 

“Vivimos una época dramática en el acceso a la vivienda, que en los jóvenes se ha convertido en un lujo casi inaccesible, y las administraciones públicas tienen que dejar de verse como empresas que busquen el beneficio o cómo enriquecer más a los amigos cercanos, y deben asumir que, como servicio público, su función es garantizar los derechos fundamentales”, ha defendido Martínez.