La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha comprometido hoy con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) a dar una solución a los afectados por sentencias de derribo en esta legislatura. Así se lo ha transmitido Buruaga al presidente de la organización, Antonio Vilela, en el transcurso de la reunión que han mantenido en la sede del Gobierno regional, en la que también han participado el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Roberto Media; el vicepresidente de AMA, Ciriaco García, y el portavoz, José Manuel Olaiz.

“Esta legislatura tiene que marcar un antes y un después también para los afectados por las sentencias de derribo (…). Vamos con 20 años de retraso. Por lo tanto, no se puede seguir perdiendo el tiempo. Se acabaron las excusas”, ha dicho la presidenta cántabra, que tiene entre sus prioridades poner fin a esta problemática.

Buruagaha anunciado que el Ejecutivo dispone ya de una “radiografía de la situación” de las 511 viviendas amenazadas (255 en Argoños, 144 en Arnuero, 80 en Piélagos y 32 en Escalante) y que trabajará con “agilidad y eficacia en la gestión” para, en primer lugar, regularizar urbanísticamente donde sea posible; en segundo lugar, compensar con una casa de sustitución donde no exista esta alternativa y, en último caso, indemnizar a los propietarios afectados.

A estos, “que no son los culpables, sino víctimas inocentes”, les ha dicho que “no están solos” y que “no va a faltar ni voluntad política ni capacidad de gestión” para encontrar unas soluciones que en estos momentos ya están “encauzadas”. Y a los ayuntamientos implicados, les ha trasladado su ofrecimiento de “unir esfuerzos” para poner fin cuanto antes a esta “injusta situación”.

Por su parte, Antonio Vilela ha puesto en valor el “impulso político” de la presidenta Buruaga para acabar con la “deuda histórica” que tiene la administración autonómica con los afectados por derribos en Cantabria y ha solicitado “celeridad en la toma de decisiones y sensibilidad con las familias”.

Por municipios

En relación a las viviendas situadas en el Ayuntamiento de Escalante, la presidenta ha explicado que la pasada semana se firmó el contrato de opción de compra sobre una finca de casi 3.000 metros cuadrados que se va a destinar a la construcción de 15 viviendas de sustitución, medida que va a beneficiar a los 15 propietarios del edificio ‘Las Torres’ que optaron por una vivienda de compensación. El presupuesto total de la actuación se aproxima a los 2,3 millones de euros, de los que casi 300.000 se destinarán a la adquisición de la parcela.

Buruaga confía en que las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 16 meses, puedan comenzar en 2024 y ha avanzado que el próximo martes se elevará a escritura pública la compra del terreno.

En Argoños, ha recordado que la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana ha posibilitado conceder nuevas licencias y presentar incidente de inejecución de sentencia para un total de 181 viviendas. El último, que afecta a 84 viviendas en ‘La Llana 1’, ha sido remitido al Tribunal Superior de Justicia el pasado 24 de julio.

Asimismo, ha añadido que el Ayuntamiento del municipio, que es el responsable exclusivo de 51 viviendas, está llevando a cabo la gestión urbanística correspondiente para su regularización.

En cuanto de las 18 viviendas que deberán ser derribadas, ha confirmado que el consejero Roberto Media ha dado ya la orden para que mañana mismo se licite la construcción de 3 viviendas de sustitución para cumplir el acuerdo alcanzado con 3 propietarios, actuación que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

En el caso de Arnuero, donde el nuevo Gobierno ha tenido que hacer frente a una serie de “imprevistos” surgidos, Buruagaha informado que la semana pasada se firmó la autorización para redactar un modificado del proyecto de construcción de 62 viviendas de sustitución, 53 asignadas a ‘La Arena’, que estarán concluidas en 2024.

Por último, ha concretado que en Piélagos se va a agilizar al máximo la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, documento que ayer mismo recibió la Consejería y que, a falta de un examen en profundidad, podría posibilitar la licencia de 63 viviendas.

La presidenta ha desvelado que hace unos días se produjo una reunión entre la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Ayuntamiento de Piélagos y el equipo redactor para avanzar en los trámites que conduzcan a la aprobación definitiva por parte del Gobierno.

“Es imposible hacer más en menos tiempo. Este Gobierno ha avanzado más en 15 días que el anterior en 4 años”, ha enfatizado María José Sáenz de Buruaga, que también ha confirmado a AMA el mantenimiento del Fondo de Derribos, con el compromiso de dotarlo “de manera adecuada y suficiente para ir acelerando la construcción de viviendas de sustitución donde sea necesario”, así como la Oficina de Afectados, a la que se atribuirán nuevos contenidos.

Por último, la presidenta ha acordado con los miembros de la asociación la creación de una comisión de seguimiento, que se va a reunir cada tres meses para hacer un seguimiento de la situación y avanzar en las soluciones.