La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha reprochado hoy al Gobierno de Cantabria su clamorosa inacción ante la situación de Forjas de Cantabria, donde hasta ahora solo ha cosechado un “fracaso relámpago”, y le ha urgido a implicarse de manera directa e inmediata para salvar a una empresa que es viable y tiene futuro.

Buruaga ha anunciado que el grupo parlamentario popular ha registrado una proposición no de ley que cuenta con el respaldo del comité de empresa y en la que pide al Gobierno que se implique en la búsqueda activa de un inversor y que adopte todas las medidas necesarias para evitar que la deuda que la antigua propietaria, Comforsa, mantiene con la Seguridad Social sea un lastre.

La presidenta ha explicado la solución que el PP pone sobre la mesa después de reunirse con el presidente de Forjas de Cantabria, Jesús Ángel de Celis y el responsable regional de Industria de CCOO, Cesar Conde, para analizar la situación de una empresa que el PP se niega a dar por muerta porque cree que es perfectamente viable y tiene muchas posibilidades de futuro si supera algunos obstáculos.

La dirigente popular, que ha estado acompañada por el diputado Roberto Media y el portavoz del PP y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Reinosa, José Luis Vielba, ha afirmado que en lugar de ser parte activa de la solución, el Gobierno está actuando con Forjas como con todos los problemas que ha tenido que afrontar en esta legislatura: habla mucho, pero no hace nada, mucho postureo, muchas palabras, mucha propaganda y cero realizaciones. 

Y ha recordado que el 5 de agosto, el presidente Revilla y los consejeros de Industria y Empleo anunciaron la creación de un grupo de trabajo para salvar la actividad y los empleos de la factoría, pero un mes después está claro que no se ha salvado nada porque no hay inversor a la vista y los trabajadores han sido despedidos.

“Un mes después, el Gobierno se ha desentendido de Forjas y Forjas cada día está más cerca del punto de no retorno”, ha dicho Buruaga, quien ha hecho hincapié en que la mesa de trabajo de Revilla solo ha servido para echar a la calle en un mes a los trabajadores.

Para la presidenta del PP, solo han podido pasar dos cosas, o que las gestiones emprendidas han sido tardías e insuficientes o que, como siempre, el Gobierno ha dado falsas esperanzas a los trabajadores para evitar su desgaste político.

A su juicio, “estamos ante otra de tantas operaciones de imagen de esas a las que nos tiene acostumbrados Revilla, que lleva presidiendo cómodamente la comunidad desde el año 2015, pero no se ha ocupado nunca de la industria y por eso las empresas que cierran o se van son más de las que se han instalado en la comunidad.

Después de citar los casos de Fundinorte, Sniace o la espantada de Santander Coated Solutions, Buruaga ha hecho hincapié en que el primer mandamiento de la política industrial es conservar la industria ya existente y no hacer castillos en el aire como el fibroyeso, las minas de zinc, las mega fábricas de baterías en la Pasiega y tantos otros anuncios que no se han materializado. “El Gobierno de Revilla ha dejado la política industrial en manos de los Juzgados de lo Mercantil”, ha apostillado.

La presidenta ha anunciado que el grupo popular ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento en la que reclama al Gobierno la búsqueda activa de un inversor que permita mantener la unidad productiva, porque lo tiene todo para empezar a funcionar al día siguiente de la compra, puesto que tiene mercado, tiene pedidos, tiene una elevada especialización y tiene mano de obra cualificada y con experiencia.

Además, reclama que el Gobierno adopte todas las medidas que considere necesarias para evitar que la deuda con la Seguridad Social sea un lastre para la empresa, que evite que cualquier impago que  pueda producirse por parte de Comforsa repercuta en el nuevo propietario de la factoría, porque para eso tiene que estar el Gobierno de Cantabria y para eso, ha añadido, tiene que servir la política industrial, para  garantizar la actividad y los puestos de trabajo de una empresa viable y con futuro.

Según Buruaga, es simplemente una cuestión de voluntad política, puesto que el Gobierno dispone de los instrumentos necesarios y sobran los precedentes.

La presidenta ha subrayado que es al Gobierno al que corresponde materializar la formula, pero al mismo tiempo ha puesto sobre la mesa como opciones negociar en Madrid con la Seguridad Social, que es administración socialista en manos de su socio Pedro Sánchez; reunirse y mediar con Comforsa y la Generalitat para llegar a un acuerdo; o que el propio Gobierno o una empresa pública regional sean garantía u ofrezcan apoyos financieros para reducir los riesgos de la operación y relanzar la actividad.

“Puede hacerlo como quiera, nosotros no le decimos cómo. Le abrimos todas las puertas, pero tiene que hacerlo y tiene que hacerlo ya”, ha dicho la presidenta, quien ha hecho hincapié en que el Gobierno tiene que involucrarse al máximo y poner la carne en el asador porque su apoyo público es clave y hasta ahora ha fracasado.