Cantabria ha dado un paso más en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática con la apertura del plazo de consulta pública de la norma que regulará la organización y funcionamiento del Consejo que asesorará al Gobierno en la aplicación de esta ley.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, ha asegurado que la recuperación de la memoria democrática es un objetivo colectivo y, por eso, ha llamado a la participación de organizaciones más representativas y de la ciudadanía en la elaboración del proyecto de decreto del Consejo de Memoria Histórica.

“Pensemos lo que pensemos, el conocimiento de la historia y la verdad, y la reparación y el cumplimiento del deber de memoria es una cuestión colectiva”, ha afirmado Zuloaga que ha considerado “fundamental” el que todas las organizaciones y las personas que consideren que tienen algo que aportar a este decreto participen en su redacción “para enriquecer la regulación”.

Además, ha asegurado que con este nuevo paso el Gobierno de Cantabria cumple con su “responsabilidad institucional” en la aplicación y desarrollo de esta ley, que va dirigida “al centro de los derechos fundamentales” y es “irrenunciable” para “la concordia, la dignidad de nuestra tierra y nuestro país y la salud futura de nuestra democracia”.

En este sentido, ha recordado que la ley cántabra está en sintonía con la norma que recientemente ha aprobado el Ejecutivo central, “dirigida a consolidar una sociedad más justa y más democrática”.

El plazo para la consulta pública es de 10 días y, con ello, el Gobierno quiere recabar la opinión sobre la necesidad y oportunidad del decreto que regula el Consejo, los problemas que resolverá, los objetivos, y las posibles alternativas regulatorias y no regulatorias a esta norma.

El Consejo de Memoria Histórica y Democrática es un órgano consultivo que aparece recogido en el título V de la ley de Cantabria y fija que estará compuesto por persona expertas en la materia, familiares de víctimas y profesionales de diversas ramas, todos ellos de reconocido prestigio.

Además, determina que sus funciones son las de asesorar en la redacción de planes de búsqueda de desaparecidos, informar sobre las propuestas de disposiciones reglamentarias relacionadas con el desarrollo de la ley, y realizar recomendaciones sobre política de memoria histórica y democrática a desarrollar en Cantabria.