Cantabria colaborará con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la gestión de una prestación para los refugiados ucranianos que se encuentran fuera del sistema estatal de acogida, consistente en una subvención directa de 400 euros mensuales por familia por un período de seis meses, que se incrementará con 100 euros más por cada menor a cargo.
Así lo ha señalado el vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, tras la reunión por videoconferencia que ha mantenido el ministro, José Luis Escrivá, con los responsables de las comunidades autónomas en materia de cooperación.
Zuloaga, que ha estado acompañado por la directora general de Cooperación al Desarrollo, Silvia Abascal, ha explicado que el acceso a esta prestación que pondrá en marcha el Gobierno de España estará supeditado al cumplimiento de unos requisitos, entre los que se incluyen ser beneficiario de la protección temporal y carecer de medios económicos para cubrir las necesidades básicas, entre otros.
Se trata de un nuevo marco de ayudas que permitirán mantener activas las redes de apoyo familiar, ha añadido el vicepresidente, que se canalizará a través de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y cuyo objetivo es poner en marcha lo antes posible.
Así, ha enmarcado la ejecución de esta subvención en el ámbito de la cogobernanza, proporcionando el Estado a las CCAA la disponibilidad económica necesaria para que estas se encarguen de hacerla efectiva, adaptando su gestión y organización a sus características y realidades.
Durante la reunión, el vicepresidente ha agradecido al ministro que hiciera suya la petición de que los itinerarios de los desplazados dentro y fuera del sistema fueran homólogos.
En este sentido, ha destacado que con esta reunión se ha dado respuesta a la solicitud de muchas comunidades como la realizada desde Cantabria.
En la reunión también se ha tratado el procedimiento para reintegrar a las CCAA y a los ayuntamientos por parte del Estado los gastos derivados de la atención, asistencia y servicios puestos en marcha para proteger y garantizar todos los derechos a la población desplazada de Ucrania.
Todos los requisitos que regularán la aplicación de estas medidas se detallarán en diferentes Reales Decretos, que serán aprobados a lo largo del mes de julio.