La iniciativa del Gobierno de Cantabria de instalar cajeros en 38 municipios en riesgo de despoblamiento ha propiciado que la Comunidad Autónoma sea la primera provincia española donde más se ha reducido la exclusión financiera y más de 8.000 cántabros hayan podido recuperar estos servicios o, incluso, disponer de ellos por primera vez, como es el caso de los vecinos de Anievas, Herrerías o Tudanca, entre otros.

Municipios como Camaleño, Ruente, Cillorigo de Liébana y Campoo de Suso, que en 2021 no tenían acceso a servicios bancarios, durante el pasado año revertieron esta situación y sus vecinos ya pueden hacer trámites tan habituales en los centros urbanos como retirar dinero del cajero automático, actualizar la cartilla o pagar un recibo.

Así se desprende de un estudio económico de la Universidad de Valencia sobre los avances para combatir la exclusión bancaria, que se ha analizado hoy durante la reunión del Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria, que ha presidido el jefe del Ejecutivo de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y en el que también se ha aprobado el informe de actividades de 2022, tiempo en el que el Ejecutivo ha desarrollado 85 medidas y ha invertido 150 millones con el fin de "parar esta sangría". Igualmente, se ha puesto de manifiesto que, de los 39 municipios afectados, 25 presentan un saldo positivo de población respecto a variaciones residenciales (el 64 por ciento) con 225 personas empadronadas.
 

"Si seguimos por este camino, estoy seguro que dentro de cuatro años no habrá ningún municipio de Cantabria que tenga regresión poblacional", ha valorado el presidente cántabro, que se ha mostrado "muy satisfecho" del desarrollo de la Estrategia Regional frente al Despoblamiento 2021-2027 y de la participación de todas las administraciones y organismos competentes dentro del Consejo Asesor.

En su opinión, son muchas las medidas e inversiones en estos municipios, pero ha defendido su necesidad para lograr que las personas permanezcan en los pueblos y ha puesto de ejemplo la puesta en marcha de las aulas de un año en los municipios rurales, lugares a los que llega la Consejería de Educación, porque las familias no cuentan con iniciativa privada de guarderías.

Respecto a la ley autonómica sobre el reto demográfico, el presidente ha informado que se encuentra "muy avanzada" y ha considerado que será la primera que se apruebe en la próxima legislatura. Con ella, se protegerán por ley "las medidas de discriminación positiva" en los 39 municipios en riesgo de despoblamiento.

La consejera de Presidencia, Paula Fernández, departamento desde el que se coordina las políticas autonómicas frente al despoblamiento, ha detallado que el Gobierno cántabro procede ahora a estudiar las alegaciones presentadas de una futura ley, que priorizará las subvenciones y la acción pública en beneficio de los vecinos y empresas radicadas en pueblos de los 39 municipios con riesgo de despoblación y garantizará el acceso a una educación, sanidad y servicios sociales de calidad. 

150 millones para frenar el despoblamiento

El Gobierno cántabro invirtió durante el pasado año 150 millones en las 85 medidas que se han puesto en marcha para frenar el despoblamiento. Entre estas medidas, se incluye la instalación de cajeros, la puesta en marcha del sistema de dosificación de medicamentos (más de 100 pacientes reciben estos servicios en 17 farmacias rurales en el primer año de funcionamiento), la oferta de plazas escolares en zonas rurales de baja densidad y el servicio gratuito de transporte escolar hasta le educación secundaria.

Asimismo, el Ejecutivo ha instalado puntos de recarga de vehículos eléctricos en todos los municipios en riesgo de despoblamiento y el desarrollo de la banda ancha ha conseguido llevar estas comunicaciones a 48 ayuntamientos más de Cantabria.

Igualmente, se han desarrollado medidas de discriminación positiva con inversiones de mayor volumen procedentes del Plan de inversiones municipales de la Consejería de Obras Públicas y, también, respecto a otras subvenciones autonómicas. Este es el caso de las órdenes de ayudas para potenciar la actividad del sector primario, sobre administración electrónica, policía y el de protección civil. En empleo están próximas las convocatorias del Servicio Cántabro de Empleo para autónomos y para la contratación indefinida, donde se valora más la contratación en municipios despoblados.

Estas medidas han conseguido también incrementar el número de empadronados en los municipios en riesgo de despoblamiento, según los datos que ha presentado hoy el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) durante el Consejo Asesor, que ha analizado las variaciones residenciales.

De los 39 municipios en riesgo de despoblamiento, 25 presentan un saldo positivo, el 64,1 por ciento. Los municipios con saldo positivo son: Anievas, Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabuérniga, Camaleño, Campoo de Yuso, Cieza, Cillorigo de Liébana, La Hermandad de Campoo de Suso, Herrerías, Luena, Miera, Molledo, Peñarrubia, Rasines, Las Rozas de Valdearroyo, Ruente, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa, Tudanca, Valdeolea, Valdeprado del Río, Vega de Liébana y Vega de Pas.

Respecto al informe de la brecha financiera, Cantabria ha mejorado sus datos y es la primera provincia de España donde más ha caído la cifra de exclusión financiera en al año 2022 (8.056 personas menos excluidas), por delante de Guadalajara (7.367) Valencia (7.336) o Palencia (5.483).

Ello ha sido posible por la colocación de estos cajeros automáticos, que están teniendo una buena acogida entre vecinos y visitantes. Durante el pasado año, se registraron 39.027 operaciones de retirada de efectivo en los 38 cajeros instalados en los municipios en riesgo de despoblamiento, reduciendo de forma importante los desplazamientos a otros municipios. Además, el 78 por ciento han sido gratuitas y no han conllevado el pago de ninguna comisión.

Este informe sobre la aplicación de la Estrategia regional será aprobado por el Consejo de Gobierno y enviado al Parlamento.

Carteros rurales para el pago de tributos

Por otro lado, el Consejo Asesor ha analizado el proyecto en el que está trabajando la sociedad de Correos y Telégrafos y la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) para facilitar el pago de tributos a la población situada en las zonas rurales despobladas de modo que los vecinos puedan pagar sus impuestos autonómicos y municipales a través de los carteros rurales que les llevan a casa el correo, utilizando un dispositivo electrónico.

Igualmente, durante el Consejo Asesor han intervenido responsables de la Guardia Civil, que han dado cuenta de las medidas del Cuerpo para afrontar este fenómeno.
Entre otras autoridades, también han participado los consejeros de Desarrollo Rural y de Economía y Hacienda, Guillermo Blanco, y Ana Belén Álvarez, respectivamente, así como la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, alcaldes de municipios en riesgo de despoblamiento y representantes de los grupos de acción local.