La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha señalado que la Administración General del Gobierno de Cantabria se encuentra actualmente en una posición favorable para reducir la temporalidad al 8 por ciento, como exige la ley nacional de medidas urgentes y el derecho comunitario para llegada de los fondos europeos.

El Ejecutivo, ha dicho, ha afrontado con anterioridad este problema estructural desde el compromiso con la ejecución de las últimas ofertas de empleo público, integradas con unas 1.000 plazas, a pesar del contexto de pandemia, lo que ha posibilitado reducir hasta 3 puntos el índice de temporalidad.

Así lo ha expuesto la consejera en una jornada organizada por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Cantabria, en Torrelavega, donde se ha abordado la aplicación de la nueva normativa que conllevará procesos extraordinarios de estabilización para reducir la temporalidad del sector público y que se encuentran actualmente en negociación en el seno de la Administración General del Gobierno autonómico.

En opinión de la consejera, nos encontramos ante un “hito” en el ámbito del empleo público y resulta, por su envergadura y complejidad, “el mayor proyecto de fondos europeos” de Cantabria, dado que su cumplimiento “condiciona” la propia concesión de estos fondos.

Ha señalado que, con la ejecución de los nuevos procesos, actualmente en negociación, sumadas a las ofertas aprobadas en los años 2020 y 2021, supondrán la convocatoria este año de cerca de 1.000 plazas más en la Administración General, cifra que facilitará el cumplimiento inmediato y “sin lugar a dudas” del objetivo de reducir la temporalidad por debajo del 8 por ciento como exige Europa.

De cualquier forma, la consejera de Presidencia se ha mostrado partidaria de ofrecer seguridad jurídica en todos estos nuevos procesos extraordinarios y ha abogado por “no restringir de forma directa o indirecta la concurrencia de todos los ciudadanos”, en cumplimiento de la Constitución y la normativa europea.

“Nuestra responsabilidad es llevar a cabo procesos de estabilización de empleo temporal, pero aún más importante es que esta ejecución sea en un marco que permita sostener, frente a futuras demandas, la legitimidad de los procesos que desarrollamos y garantizar, así, que los potenciales adjudicatarios (de esas plazas) tengan sus nombramientos acordes con la legalidad establecida”, ha defendido.

Por su parte, el presidente del Colegio, Germán García, ha compartido la visión de la consejera y ha afirmado que la aplicación de la ley de reducción de la temporalidad en el sector público es “uno de los mayores retos” a los que se tienen que enfrentar las administraciones públicas, entre ellas las entidades locales y, por eso, ha destacado la importancia de la formación prestada en esta jornada.

Asimismo, ha agradecido el apoyo a la formación de los funcionarios locales y habilitados nacionales por parte del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC).

A esta jornada, que ha reunido a secretarios e interventores municipales, también han asistido los directores del CEARC y de Administración Local del Gobierno de Cantabria, Pedro García y Rosa Valdés, respectivamente.