El Gobierno autonómico ha cerrado la tramitación administrativa del anteproyecto de ley que convertirá al Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria (CEARC) en el nuevo Instituto Cántabro de Administración Pública ‘Rafael de la Sierra’ (ICAP), una norma que se llevará al Consejo de Gobierno la próxima semana para su aprobación y remisión posterior al Parlamento.

El nuevo instituto tomará el relevo en la planificación y ejecución de la gestión de la formación y el aprendizaje de miles de empleados públicos, tras 35 años de la fundación del CEARC, el que fuera el primer organismo autónomo de esta Comunidad Autónoma.

Así lo ha anunciado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, en el acto de recepción del fondo bibliográfico donado por la familia de Rafael de la Sierra y que irá destinado a la biblioteca del futuro ICAP, que llevará el nombre del exconsejero.

Fernández Viaña ha señalado que el tiempo transcurrido desde la creación del CEARC, con los cambios normativos y organizativos habidos desde entonces, “explican por sí solos” la necesidad de actualizar la norma, que no se adecúa a la actual regulación del sector público en general. Asimismo, ha dicho, esta reforma contempla “un impulso permanente y bien dirigido” a mejorar la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, a través de la formación del personal, pero también en el fomento de la investigación y el estudio de las nuevas técnicas de gestión pública.

Según ha subrayado la consejera, queremos que todos los empleados que sirven en la administración pública, en sus organismos autónomos y agencias tengan una formación coordinada, homogénea e igualitaria en aras de lograr una mejor y más eficiente administración en el servicio a los ciudadanos”.

Y es que, como novedad, el ICAP podrá asumir también las tareas de formación del personal público que presta servicio en las entidades del sector público autonómico fundacional y empresarial, a través de los correspondientes convenios de colaboración.

El ICAP seguirá ocupándose de la formación de los empleados públicos de la Administración Regional, las tradicionales funciones del CEARC; de los ayuntamientos y personal de servicios de la Universidad de Cantabria y también gestionará y coordinará la formación del personal de justicia.

Contempla igualmente las acciones formativas en seguridad pública a través de las escuelas autonómicas de Policía Local y Protección Civil como un servicio más del nuevo ICAP. En total, asumirá la formación e instrucción de 31.000 empleados públicos que trabajan en Cantabria.

Respecto a su denominación ‘Rafael de la Sierra’, la consejera ha considerado que supone “un reconocimiento a su trayectoria profesional en el ámbito del derecho, un político con inquietudes intelectuales y reconocidos valores humanos,” que supo, en su opinión, “trasladar con gran acierto al sector público autonómico” en su etapa como consejero de Presidencia y Justicia.

Además de la formación e investigación en el ámbito de la Administración Autonómica, Fernández Viaña ha fijado como objetivos del nuevo Instituto ‘Rafael de la Sierra’ el impulso a la colaboración con otras comunidades autónomas. “Es importante compartir recursos con otras autonomías y establecer criterios comunes en la carrera profesional de los empleados públicos, con independencia de la autonomía en la que presten sus servicios”, ha concluido.

Fondo bibliográfico “relevante”

La biblioteca del futuro ICAP incorporará a su fondo 328 libros donados por la familia del exconsejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, relacionados en su mayoría con la historia de la Comunidad Autónoma y sobre el ámbito jurídico y legislativo.

En concreto, se trata de monografías cuya temática, fundamentalmente, se refiere a Cantabria o de autores cántabros o relacionados con la región, junto a algunas obras de temática jurídica, enciclopedias y diccionarios.

La consejera de Presidencia ha agradecido esta aportación a la familia del exconsejero, que ha descrito como “una de las figuras clave en el fomento del sentimiento autonomista y en su desarrollo y proyección posterior”.

En el acto celebrado en la sede del CEARC, en la Concha de Villaescusa, con motivo de esta donación, Fernández Viaña ha considerado que será un patrimonio “relevante”, por ser “un fondo bibliográfico singular con numerosas obras editadas en Cantabria y que se refieren a esta tierra”, ha señalado la consejera, que ha valorado, por ello, que vayan a formar parte de la biblioteca del ICAP para su consulta pública y a disposición de la ciudadanía.

A partir de ahora, según ha indicado, se abrirá un proceso administrativo, en virtud de la Ley de Patrimonio, para su aceptación por parte de la Comunidad Autónoma.