Izquierda Unida de Cantabria ha propuesto a la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Educativa del Gobierno de Cantabria que se avance hacia la jornada de tres o cuatro días para los docentes (de horas lectivas, es decir, de impartir clase) para que puedan destinar tiempo de su jornada a mejorar la calidad de la educación o a las tareas de coordinación.

Es una de las propuestas que consta en sus aportaciones al proyecto de Orden por la que se regula la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y determinados aspectos relacionados con la evaluación y titulación de la Formación Profesional, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, un documento para el que se ha abierto un período de información pública al que la formación de izquierdas ha trasladado estos planteamientos.

La propuesta parte de la premisa de que esta reducción de las horas lectivas (las de clase, no las de trabajo efectivo) contribuiría a mejorar la calidad educativa y la coordinación de los equipos, y de que podría hacerse de forma paulatina junto a un replanteamiento integral de la carrera docente “que la saque del estancamiento en el que se encuentra en este momento”.

El coordinador general de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón, recuerda que las recientes modificaciones estatales de la legislación educativa obligan a una evaluación por objetivos y competencias, más adaptada a cada alumno, lo que requiere medidas de refuerzo educativo y seguimiento que la comunidad docente no puede abordar con la misma organización que se tiene en la actualidad: sin una reducción de las ratios de alumnos por aula y un énfasis mayor en la coordinación y planificación los centros se podrían ver abocados al incumplimiento de la nueva normativa.

“La tendencia de la norma es a la burocratización y al aumento de las necesidades de coordinación, y se debiera contemplar la dedicación, dentro de la jornada laboral docente, a esas tareas”, recalca.

Por tanto, a los docentes “se les debe dotar de recursos e instrumentos para que puedan tomar las mejores medidas de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes. Eso significará, según todos los estudios e indicadores, planificar una atención a las necesidades educativas mucho más ambiciosa. “Es inevitable, para ello, invertir, y dotar de competencias a los departamentos de Orientación, así como aumentar su número”, remarca Ruiz Salmón.

Desde IU lamentan que gran parte de los últimos cambios normativos se centren en la superación del curso y continúen contemplando la repetición, pese a que existen ya estudios científicos de sobra que descartan que repetir curso mejore el rendimiento académico o beneficie a los alumnos. La repetición, además, está influida por cuestiones externas a la propia educación, como las condiciones socioeconómicas de las familias, y no soluciona el abandono escolar que se quería combatir en primer lugar. Asimismo, tiende a generar un aumento de la educación “en la sombra” (clases particulares o academias), que suponen gastos extra para las familias.

Sus propuestas hacen hincapié en la necesidad de métodos de evaluación cualitativa o diagnóstico a través de organismos independientes a la Consejería que evalúen el éxito de las políticas públicas, yendo más allá de los criterios de promoción de curso o de calificación numérica. “La evaluación y promoción no se pueden entender sin medidas de apoyo que pasan por un inversión eficiente y decidida, que ataje la temporalidad, provea de recursos humanos a los cuerpos de docentes e inspectores y que mejore la carrera docente”, inciden.

Además, consideran que el modelo de evaluación que se plantea se queda “a medio camino entre un modelo sin calificaciones y otro en el que estas calificaciones tengan mucho peso”. Además de una propuesta “coherente, en un sentido o en otro”, la Administración “debe centrar el tiro y mejorar el aprendizaje con grupos pequeños, dar tiempo suficiente a los docentes para que puedan hacer un seguimiento individualizado y desarrollar un currículum coherente y estable para Cantabria”, por lo que insta a que convoquen a expertos y docentes para encarar un modelo de evaluación “que responda a la realidad del aula”.

La petición de que los docentes tengan voto, “y no solo voz”, sobre las técnicas, evidencias e instrumentos para la evaluación formativa y para la evaluación es otra de sus propuestas presentadas, articulada en la creación de un organismo técnico comunitario.  “No se puede hurtar al cuerpo docente, cuyos miembros son los que mejor conocen la realidad de las aulas, de su lugar en la toma de decisiones: es un síntoma claro de la falta de confianza en ellos de la Administración”, advierten.