Izquierda Unida ha registrado sus aportaciones al Proyecto de Ley de Cantabria de lucha contra el despoblamiento y frente al reto demográfico, entre las que incluye mayor protección al suelo rústico, la fijación de distancias máximas para el acceso a derechos básicos y justicia fiscal para los pueblos.

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A pesar de realizar aportaciones durante el período de consulta pública –finalizado el 4 de enero- para que sean tenidas en cuenta en la futura redacción de la Ley promovida por la consejería de Presidencia, desde IU se muestran “muy críticos” con el hecho de que se deje un asunto “tan importante para Cantabria” para el final de la legislatura “sin posibilidad de que salga adelante antes de las elecciones”.

“De nuevo, igual que con la Ley de Salud Pública anunciada por Sanidad, será una tramitación en vano y que tendremos que retomar de nuevo desde el principio desde el próximo Gobierno autonómico tras los comicios de mayo”, ha expresado el coordinador de IU, Israel Ruiz Salmón.

En sus propuestas, IU destaca como “imprescindible” el reconocimiento de derechos básicos para el sostenimiento de la vida y, concretamente, para revertir el despoblamiento en el ámbito rural, tales como educación, salud, empleo, vivienda, transporte y comunicaciones, igualdad, soberanía alimentaria, hídrica y energética, políticas sociales, cultura o bienestar animal, entre otros.

Para hacer efectivos estos servicios, se plantea fijar distancias máximas –temporales y espaciales- a través de un mapa que priorice inversiones e infraestructuras.

Ordenación del territorioy comarcalización

Siguiendo las pautas de la Estrategia Territorial Europea, IU destaca que el modelo territorial “por el que deberíamos apostar” en Cantabria es el de un sistema polinuclear de ciudades/localidades cabeceras de comarca que articule de la forma más armoniosa posible la prestación de servicios básicos accesibles en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, defienden que la futura Ley contemple la comarcalización de servicios en el ámbito rural y que, de forma paralela, se implemente la Ley 8/1999 de Comarcas de Cantabria “inutilizada desde entonces”.

También quieren “corregir los efectos más perniciosos” de la Ley del Suelo aprobada en 2022, dado que, aseguran, “mantener la regulación actual del suelo rústico en Cantabria tal y como está no es compatible con la articulación de medidas efectivas para una agricultura, ganadería y silvicultura sostenible, ni para un nuevo modelo productivo basado en la proximidad, la economía circular y la adaptación al cambio climático”.

Además, abogan por que haya una mención expresa a los distintos modelos agropecuarios (intensivo, extensivo, mixto, macrogranja, etc.), estableciendo su definición y cuáles son los modelos prioritarios en la comunidad, su delimitación espacial y temporal en el ámbito rural y su compatibilidad con éste.

Gestión pública y participación en los ingresos de la comunidad

En su escrito, IU contempla que, a petición de las entidades locales “y con el objetivo de que cada euro recaudado por las arcas públicas repercuta directamente en la buena gestión pública”, el Gobierno de Cantabria podrá asumir gestiones propias de las entidades locales (recaudación de tributos, canales administrativos, etc.), tal y como establece el artículo 52 del Estatuto de Autonomía de Cantabria.

“Existe una contradicción evidente entre la escasez de recursos públicos –queja constante de multitud de entidades locales, sin distinción del color político que las gobierne- y el desvío de fondos públicos para la gestión externa/privatizada, engrosando el lucro privado y mermando las arcas públicas”, añaden.

En esta línea, defienden que la futura Ley contemple la “financiación justa” para los ayuntamientos, ya que, actualmente, más del 90% de las transferencias a ayuntamientos por parte de la Comunidad son para políticas de ámbito autonómico y no para las competencias locales.

También quieren que exista “acción positiva” y que la ley recoja la obligación de que todas las ayudas públicas a la inversión productiva incluyan un incentivo adicional para las empresas que se instalen o se modernicen en las zonas en riesgo de despoblamiento. “La tendencia no se está corrigiendo, sino que vemos deslocalizaciones interiores, empresas que abandonan las zonas rurales para instalarse en zonas más dinámicas de Cantabria”, apuntan.

Finalmente, para ayudar a la estabilidad y fomentar la modernización de PYMES, así como facilitar y estimular la creación de nuevas empresas, incluyen los incentivos fiscales, para lo que se propone una reducción del 25% en los rendimientos de actividades económicas y empresariales en el IRPF en los municipios rurales con riesgo grave de despoblamiento.

Empleo local, escalado del modelo productivo y relevo generacional

Desde IU creen que el “gran anclaje” para la fijación de población en el territorio es la creación de empleo local, “una opción escasamente explorada”. Así, apuestan por la creación de empleo público como garante de la dinamización económica y el impulso para el establecimiento de otras economías de ámbito mixto, colaborativo o privado.

Además de facilitar el teletrabajo, quieren un desarrollo endógeno donde la investigación e innovación estén presentes, así como la potenciación de la economía social a través de cooperativas o sociedades laborales, y la creación de servicios de asesoramiento técnico para favorecer el relevo generacional en las explotaciones agropecuarias y la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, tanto para dar continuidad a actividades ya existentes como para ampliarlas con la puesta en marcha de nuevas.

Consideran también necesaria la adaptación de la normativa autonómica en función de la escala productiva (según el volumen de producción o número de trabajadores) y el tipo de modelo productivo (tradicional, artesanal, semiindustrial, industrial), los recursos empleados y los residuos producidos.

“La normativa europea es de igual aplicación en los Estados miembros; sin embargo, y a modo de ejemplo, las exigencias (sellos de calidad, etiquetado, envoltura, etc.) que un pequeño productor tiene para vender su género en un mercado en Cantabria son mayores que las de otros territorios, sea Navarra, Francia o Polonia”, sentencian.