“No parece que los afectados por la ejecución de sentencias de derribo en Cantabria hayan sido una prioridad para el Gobierno en esta legislatura, no lo ha sido para la consejería de Obras Públicas, en donde en lugar de atender a los afectados por la ejecución de las sentencias de derribo parece que había otras prioridades y otras ocupaciones, ni lo ha sido para el PRC”.

Así lo considera Íñigo Fernández, portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria, que por esa razón preguntará en el pleno a la nueva consejera de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Jezabel Morán, si tiene previsto en estos dos últimos meses de legislatura resolver alguna de las muchísimas cuestiones que tiene pendientes en materia de derribos y, en concreto, por la situación que afecta a los propietarios de viviendas en el edificio Las Torres de Escalante, con sentencia de demolición.

El PP quiere saber en qué estado de tramitación se encuentra el desalojo de los vecinos propietarios de vivienda en Las Torres y la entrega de una vivienda de sustitución, porque -según ha recordado Fernández- “fue un compromiso del anterior consejero José Luis Gochicoa a principio de legislatura, que hace un año aseguró que ya estaban en trámites pero que, un año después, sigue atascado”.

“Queremos saber qué pasa con el primer paso, necesario e imprescindible, para dar una solución a los afectados por la ejecución de las sentencias de derribo en Escalante, que es la adquisición de una parcela en la que poder construir un edificio en el que ofrecer una vivienda de sustitución a estas familias, porque según la información de que dispone el PP, no se ha avanzado sustancialmente en los últimos cuatro años”, ha dicho.

Además, el portavoz parlamentario del Partido Popular ha lamentado que tampoco se ha avanzado en el caso de Piélagos, donde la situación es desesperada. “Gochicoa prometió la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el año 2021 y acaba la legislatura sin aprobarse y con la amenaza de la ejecución de cien demoliciones de otras tantas viviendas, muchas de las cuales podría salvarse si el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos hicieran los deberes y aprobaran un Plan”, ha dicho.

Del mismo modo, tampoco se ha avanzado en una solución definitiva para Argoños, un municipio en el que tienen sentencia de derribo 250 viviendas y donde, según Iñigo Fernández, la situación es muy complicada ya que, aunque se han presentado los proyectos para regularizar la situación de muchas viviendas, muy probablemente algunos de ellos sufran variaciones en su paso por los tribunales. “La pregunta es ¿qué plan B tiene previsto el Gobierno de Cantabria para el supuesto de que el proceso de regularización de la situación de algunas viviendas en el caso de Argoños no dé le resultado esperado? ¿hay partida presupuestaria para las indemnizaciones? ¿se ha hecho alguna gestión para la adquisición de alguna parcela con el fin de hacer viviendas de sustitución?”, ha concluido.