El Partido Popular reclamará en el Parlamento que Cantabria ejerza sus competencias creando una unidad administrativa de apoyo técnico a la Dirección General de Pesca y Alimentación de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para controlar en el ámbito autonómico el cumplimiento de lo establecido en la Ley de la cadena alimentaria.

Dicha unidad deberá estar dotada de los medios humanos, económicos y materiales necesarios para que pueda velar, con independencia, por los derechos de los operadores agroalimentarios y controlar eficazmente el cumplimiento de las obligaciones de todos los agentes que intervienen a lo largo de la cadena alimentaria.

El PP ha recogido su propuesta en una proposición no de ley que defenderá en la próxima sesión plenaria el diputado y portavoz de Ganadería del Grupo Popular, Pedro Gómez, quien ha recordado que esta actuación ya se ha llevado a cabo en otras comunidades autónomas.

Gómez ha subrayado que la producción agroalimentaria es un sector de vital importancia, que además de atender las demandas de los consumidores, contribuye de forma significativa al crecimiento económico y al desarrollo y progreso del medio rural. Pero el funcionamiento y las relaciones entre los diversos agentes que operan en la cadena de valor alimentaria, ha evidenciado deficiencias que se han visto agravadas en el contexto de la actual crisis económica global, algo que -según ha dicho- pretende corregir la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

“Es necesario aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario y, en el marco de una competencia justa, reducir el desequilibrio en las relaciones entre los diferentes operadores agroalimentarios, en beneficio no solo del sector, sino también de la ciudadanía”, ha dicho Gómez.

Por ello, el diputado ha subrayado la necesidad de que Cantabria designe una unidad de apoyo a la autoridad nombrada por el Consejo de Gobierno para controlar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de la cadena alimentaria (la Dirección General de Pesca y Alimentación), con el fin de apoyar desde la Administración autonómica el aumento de la competitividad del sector agroalimentario.

En este sentido Gómez ha dicho que la reciente modificación de la Ley ha incorporado un nuevo listado de prácticas que se deben entender por abusivas o que pueden serlo en caso de que no se pacten expresamente por las partes de manera clara y sin ambigüedad en las relaciones comerciales, además de la prohibición de la venta a pérdidas en ningún eslabón de la cadena alimentaria, la ampliación del ámbito de aplicación incluyendo el canal HORECA (Hoteles, restaurantes y caterings) o la modificación de los controles a aplicar.