El Partido Regionalista de Cantabria no ve “razón” alguna para que la Ley del Suelo no se apruebe el 27 de junio con el apoyo de todos los grupos de la Cámara porque recogerá más del 70% de las enmiendas presentadas por todos los grupos del Parlamento, así como de la Federación de Municipios de Cantabria, la CEOE o de colectivos, como AMA, y que supondrán introducir más de 180 cambios al texto inicial. 

 

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha subrayado hoy que el objetivo de la Ley es “garantizar” la construcción en suelo rústico en los municipios del interior, con riesgo de despoblamiento y con vinculación al sector primario; agilizar la tramitación y aprobación de planes generales; facilitar obras de rehabilitación y renovación de casos urbanos; sustituir licencias por declaraciones responsables; apostar por la eficiencia energética; y agilizar soluciones para los problemas de las viviendas afectadas por sentencias de derribos. 

 

Por ello, ha considerado que “ningún partido tiene ningún argumento de peso” para no apoyar el texto. “Los datos son claros y determinantes. No hay razón para dudar de que la ley se puede y se debe aprobar por consenso”, ha remachado. 

 

Y, refiriéndose al PP, ha cuestionado que la formación azul “anteponga el interés particular de 20 propietarios y 80 personas frente al interés general de 584.407 cántabros” 

 

En este sentido, ha apuntado que el PRC lo tiene “claro”. “Si la opción es entre los intereses de 100 o los de 584.407 y el futuro de nuestros pueblos, nuestras ciudades, de nuestro medio ambiente y de nuestro natural y rural, los regionalistas lo tenemos claro y creo que los ciudadanos de Cantabria, también”, ha apostillado. 

 

Para ello, ha expuesto que todos los grupos están “de acuerdo” en más de 250 de los 300 artículos del documento. “Si solo tenemos algunas diferencias en 30, ¿eso justifica no aprobar la ley?”, ha declarado. 

 

Hernando ha explicado que, después de varias jornadas de trabajo, la Ponencia ya ha aceptado más del 66% de los cambios planteados, lo que demuestra “el trabajo profundo que están desarrollando todos los partidos para sacar adelante una ley fundamental que marcará el urbanismo de las próximas décadas”.

 

El portavoz regionalista ha reconocido que algunos aspectos de la Ley están suscitando “críticas” y “posturas encontradas” entre quienes dicen que el documento es “permisivo” con el desarrollo urbanístico y quienes, como el PP, sostienes que es “restrictivo” con los desarrollos en suelo rústico. 

 

Por ello, ha sostenido que los regionalistas están “contentos” porque, como ya apuntó el secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el pasado lunes en el pleno, “estamos a medio camino entre unos y otros”. “Desarrollo sí, pero con ordenación y criterio para preservar una Cantabria que crezca respetando los pueblos, idiosincrasia, valores y, como no, el medio rural y espacios naturales”, ha apuntado.

 

Avances de la Ley 

 

Hernando ha desgranado, uno por uno, los avances que representará la aprobación de la nueva Ley del Suelo. 

 

Así, ha citado, como “una de las grandes batallas” que no consiguió la ley de 2001, la aprobación de los planes generales que “no tardarán más de cuatro años” en ser aprobados y las facilidades que se dan para la gestión de suelos urbanos creando mecanismos como los planes especiales de reforma interior y los estudios de detalle especiales. 

 

Además, ha hecho hincapié en los planes territoriales especiales a los que se suman los de movilidad, logística y caminos tradicionales; y las nuevas medidas que se incorporan a propuesta de Vox, Cs y PP, como las bajo rasantes en edificaciones industriales, las actividades profesionales en los núcleos rurales, o las matizaciones en las reglas de reparcelación, de eficacia de las licencias o de infracciones urbanísticas. 

 

Ha calificado como tema “importante”, la reducción del 15 al 10% de las cesiones obligatorias, lo que permitirá una mayor actividad al sector de la construcción; y la mejora de los parámetros de edificabilidad y densidad de los desarrollos urbanísticos. 

 

Trámites burocráticos urbanísticos 

 

El portavoz regionalista ha puesto en valor que se trata de una petición planteada por todos los grupos del Parlamento y por la CEOE y Federación Municipios. 

 

De este modo, se incorpora, por ejemplo un plazo máximo de 3 meses para las licencias de primera apertura y de actividad; se da la posibilidad de sustituir la licencia por declaración responsable; se modifica, “donde ha sido posible” el silencio, como en el artículo 228 para autorizaciones en suelo rústico pasados dos meses; se incorpora el canon por construcción en suelo rústico, para cuando se trate de construcciones o instalaciones “no vinculadas directamente” al uso agrícola, ganadero, extractivo o forestal, uso residencial, de ocio o turismo rural. 

 

Hernando ha apuntado que de este canon quedan “excluidos” los 39 municipios en riesgo de despoblamiento o si el promotor “tiene domicilio fiscal en el municipio y lo mantiene en el mismo durante cuatro años”. “Es una medida muy positiva para el medio rural”, ha sostenido.

 

PSIR y Planes en tramitación 

 

En cuanto a los planes en tramitación, el portavoz regionalista ha apuntado que se han admitido enmiendas que permiten que aquellos planes en tramitación, que tengan aprobación inicial en los últimos años podrán optar por seguir la tramitación conforme a la ley anterior, “preservando todo el proceso y los trámites”. Una situación que afecta a municipios como Camargo y Torrelavega. 

 

Sobre los planes singulares de interés regional, ha incidido en que se mejora “mucho” la tramitación, los contenidos y las exigencias. 

 

Así se podrán planificar por fases o etapas, se limita su aprobación inicial a tres años o en los que sean de iniciativa privada, el Gobierno estará obligado a comparecer en el Parlamento para discutir en Comisión su contenido y oportunidad. 

 

Núcleos rurales y áreas de desarrollo rural: triple trampa del PP 

 

Hernando ha reconocido que se trata de uno de los puntos que más polémica y controversia ha levantado, aunque, en su opinión, desde el punto de vista de la población en general “apenas tiene una relevancia específica”. 

 

En este sentido, ha subrayado que, en los últimos 10 años, la Comisión Regional de Urbanismo ha resuelto 1.130 expedientes de vivienda unifamiliar. “Una media de 113 al año. Y de ellas, el 60% se han construido en 17, y de éstos en 10 van a poder seguir haciéndolo con esta ley”, ha dicho. 

 

Esos 10 municipios son Bareyo, Guriezo, Liéganes, Mazcuerras, Penagos, Ribamontán al Monte, Udías, Valdáliga, Villaescusa o Hermandad. 

 

“El problema de la construcción en suelo rústico afecta a menos de 400 personas al año, mientras que áreas de especial rehabilitación como la Puebla Vieja de Laredo, el núcleo tradicional de Castro Urdiales o el Cabildo de Santander afectaría a más de 25.000”, ha señalado. 

 

Por ello, ha dejado claro varios aspectos. Uno, que, a partir de junio de 2024, se podrá seguir construyendo en suelo rústico en los 39 municipios en riesgo de despoblación, en los 42 municipios de menos de 5.000 habitantes mediante la aprobación de las áreas de desarrollo rural, y en los de más de 5.000 habitantes los crecimientos se determinarán por el PGOU. 

 

“En 81 municipios se podrá seguir como en la actualidad, construyendo con las limitaciones que se establezcan en la ley o en los planes de ordenación de los crecimientos de los núcleos rurales”, ha subrayado. 

 

Y ha añadido: “Lo que hemos oído siempre de que el padre deje al hijo un ‘terrenuco’ y se pueda construir su casa… Se va a cumplir al 100 por cien”. 

 

Por ello, ha denunciado “la triple trampa” del PP que critica la moratoria de 2 años que se establece en la disposición transitoria para que los municipios desarrollen las áreas de desarrollo rural o los planes, cuando ellos presentan “la misma” enmienda, pero con un periodo de 5 años. 

 

De este modo, ha asegurado que no aceptarán esta enmienda “porque, en dos años, se podrán definir las áreas de desarrollo y más de 80 municipios ya podrá establecer sus áreas de crecimiento”. 

 

Para ello, las construcciones unifamiliares en suelo rústico deberán cumplir una serie de limitaciones, establecidas muchas de ellas en las enmiendas presentadas. 

 

Así, deberán estar a 100 metros del suelo urbano residencial o núcleo rural y en las zonas de menor pendiente de la parcela y deberán ser energéticamente autosuficientes e integradas en el entorno, con un mínimo impacto visual. 

 

Además, no se exige parcela mínima (antes era de 200 metros) en los municipios en riesgo de despoblamiento y en el resto será de 1.500 metros; no se podrán abrir viales ni realizar parcelaciones urbanísticas; y no se podrán hacer en los núcleos que tengan suelos urbanizables residenciales sin desarrollar. 

 

Por último, se establece la permeabilidad de la parcela y la plantación de un árbol autóctono cada 50 metros, excepto que en las zonas que se sitúen instalaciones energéticas de autoconsumo. 

 

Al respecto, Hernando ha explicado que “la única diferencia” con la ley actual es que ahora, en algunos casos, se puede llegar a los 200 metros, “pero se exige parcela mínima de 2.000 metros, que ahora desaparece”. 

 

Otras medidas

 

Por otra parte, ha destacado otras medidas que recogerá la Ley como los planes especiales de reforma interior, para rehabilitar espacios urbanos degradados para los que Cantabria contará con 80 millones de euros; el canon eólico, para los municipios que tengan afección de los desarrollos eólicos y que permitirá ingresos adiciones a los ayuntamientos y un abaratamiento de la factura eléctrica de los vecinos de hasta un 75%; y la posibilidad de que el Gobierno “legalmente subrogue la competencia municipal” de los planes generales. 

 

Un avance que ha denominado “la cláusula Vilela”, por la insistencia del presidente de AMA, Antonio Vilela, en esta opción.