El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha insistido este martes en rueda de prensa en su rechazo a la Ley de Amnistía, con la que “ganan los que se saltaron las normas y pierde la política”, y ha considerado “rechazable” el uso de un instrumento jurídico de esta naturaleza “para fines partidistas”, con el fin de asegurar la continuidad del Gobierno y lograr el apoyo de los 7 diputados de Junts. “Es muy duro que, de la noche a la mañana, aquello que era una línea roja infranqueable pase a ser algo que se hace por interés nacional y en aras de la convivencia, cuando no es así”.

Revilla ha realizado esta reflexión en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado por los vicesecretarios de Organización, Paula Fernández, y Acción Territorial regionalistas, Javier López Marcano, para analizar “sin crispación, ni dramatismo, ni violencia verbal” la situación que vive el país, un análisis en el que ha dejado claro que el Estado de Derecho y la unidad de España “no corren peligro” y que, más allá de las discrepancias y las opiniones en contra, el Gobierno que se forme será “absolutamente legal”.

Sin embargo, ha cuestionado la proposición de ley registrada ayer en el Congreso y los acuerdos suscritos con los partidos que apoyarán la investidura. De hecho, le preocupa “muchísimo” la “letra pequeña”, porque cree que “hay mucho dinero en juego” y “muchas contrapartidas económicas” para “todos los que han puesto el voto”, lo cual se traducirá en “muchos miles de millones” para territorios como Canarias, Galicia, Euskadi o Cataluña y supondrá “una fractura de la igualdad de trato que las Comunidades Autónomas deben tener de cualquier Gobierno”.

“Ésta es una parte preocupante y que iremos conociendo, porque ahora estamos en el ruido de la Ley de Amnistía, pero aquí ha habido negociaciones de votos a cambio de cantidades importantes, de las que van a quedar al margen otros territorios, como Cantabria”, ha agregado.

También ha considerado “grave” la percepción trasladada a la ciudadanía sobre la clase política, y especialmente sobre el PSOE y su presidente, que durante 4 años se han pronunciado “machaconamente” en contra de la amnistía para ahora cambiar de opinión, con el “tufillo” de que ese cambio “no responde al interés general, sino a la necesidad de conservar el poder”. A su juicio, la amnistía no sólo supone desigualdad en el trato respecto a otros delitos incluso “mucho menos importantes”, sino que también está generando en la ciudadanía la opinión de que la clase política “tiene una manera de ser tratada distinta a la de los ciudadanos normales”.

Mirando al futuro, el líder regionalista ha opinado que en las próximas elecciones catalanas, previstas para abril de 2025, los candidatos de Junts y ERC volverán a ser Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente. El primero, “limpio de polvo y paja” y “sin ningún antecedente en su expediente”, volverá “bajo palio” después de haberse fugado del país en un “maletero”, mientras que el segundo, “que tiene más mérito, porque se quedó en España y pasó 4 años en la cárcel, será el candidato de Esquerra”.

Por lo tanto, “se han puesto las condiciones para que se vuelva a reeditar la misma situación de 2017” y “los dos, uno que fue condenado y el otro que se fugó de España, van a ser los que probablemente configuren el nuevo Gobierno catalán”. En consecuencia, existe la posibilidad de que vuelva a reeditarse “la misma historia” siete años después. “Sería como si el reloj no hubiese avanzado, diéramos marcha atrás y volviéramos a aquella situación conflictiva, porque me temo que no van a dejar de reivindicar, ni de poner en marcha instrumentos que probablemente no sean del todo legales para volver a una situación como la que vivimos entonces”, ha vaticinado Revilla.

A su juicio, el horizonte no es “nada tranquilizante”, dado el que “van a volver los mismos que en ningún momento han mostrado arrepentimiento de lo que han hecho”, cosa que en una amnistía “es lo mínimo que habría que exigir”.

Finalmente, el líder regionalista ha condenado “los ataques y los insultos” que se están oyendo en las manifestaciones que tienen lugar estos días, porque “no es tolerable toda esa campaña de descrédito, violencia verbal y, en algunos casos, de violencia física enfrente de las sedes de los partidos, sea el partido que sea”. “No estamos a favor de la violencia, ni de presionar delante de las sedes donde reside la voluntad popular, ya sea el Parlamento o los partidos, que forman parte también del marco institucional”, ha concluido.