El Grupo Parlamentario VOX en Cantabria ha denunciado ante la “Oficina Europea de lucha contra el fraude” (OLAF) el desvío de 82 millones de euros de fondos europeos para el pago de gasto corriente y nóminas del Gobierno regional.

Cristóbal Palacio, que ya hizo público este hecho a principios de este mes de marzo, ha traslado hoy a la OLAF cómo el Gobierno de Cantabria ha transferido fondos destinados a financiar proyectos con fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y del REACT UE al pago de gasto corriente durante el último trimestre del 2022.

La OLAF, encargada de investigar fraudes u otras irregularidades graves con posibles repercusiones negativas para los fondos públicos de la UE, analizará esta denuncia con el fin de verificar la información enviada y abrirá, en caso de que proceda, un caso de investigación para conocer el destino de esos fondos.

“Los fondos europeos son finalistas; es decir, no pueden ser utilizados para financiar otro tipo de proyectos y, ni mucho menos, gasto corriente del Gobierno”, asegura Palacio.

El Ejecutivo, según la propia documentación que ha remitido al Parlamento tras la petición de VOX, ha incumplido esa “finalidad” y ha utilizado los fondos destinados a proyectos y obras específicas “al pago de nóminas y gasto corriente”.

Según la información a la que ha tenido acceso el Grupo Parlamentario, son aproximadamente 82 los millones que se han transferido desde los programas presupuestarios europeos para cubrir insuficiencias financieras de otras Consejerías.

“El 40% de los fondos finalistas que se han recibido de Europa se han desviado a la cuenta de imprevistos. Incluso, se da la circunstancia de que existen programas enteros que se han desviado de su objeto inicial y han sido destinados en su totalidad a dicha cuenta”, asegura el Diputado.

La Consejera de Economía, que no ha negado el hecho de que se hayan realizado estas transferencias de crédito, deberá responder este lunes en el Parlamento a una interpelación de VOX en la que exige al Gobierno conocer los criterios para el “desvío” de dichos fondos.

“El hecho es gravísimo e hipoteca los presupuestos futuros. Queremos conocer quién ha autorizado estas transferencias, en base a qué y si conocen las consecuencias que tiene para las cuentas regionales”, afirma Palacio.