VOX ha solicitado al Juzgado número 5 de Santander personarse como acusación popular en las actuaciones judiciales abiertas con motivo de la investigación por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos de carreteras de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria.

El portavoz parlamentario de VOX, Cristóbal Palacio, así lo ha dado a conocer en el pleno de la Cámara como respuesta a la comparecencia del Presidente.

En el escrito, presentado por la Vicesecretaria jurídica de VOX, Marta Castro, en el día de hoy, se solicita la Juzgado “se de traslado de cuantas actuaciones se hayan llevado a cabo hasta el momento en el procedimiento referenciado a fin de poder ejercer el derecho de defensa”.

“Durante muchas de las ocasiones que he subido a esta tribuna y he denunciado la corrupción del PRC, se me ha emplazado reiteradamente a acudir a los tribunales”, ha recordado Palacio haciendo referencia a la multitud de casos de “corrupción de baja intensidad” que su formación ha denunciado en el Parlamento.

Por ello, ha informado, “VOX se va a personar como acusación popular en esta causa” porque “Cantabria no se merece un gobierno corrupto” y su formación “debe ayudar a la sociedad de Cantabria” a entender “lo que ha pasado”.

Palacio ha recordado que es el PRC es el que ha gestionado esta Consejería “durante 6 legislaturas” y saca la conclusión de que formar parte de la estructura de la Consejería de Obras Públicas “garantiza el acceso a las cotas más altas de responsabilidad dentro del partido”.

El Diputado también ha señalado las declaraciones del Presidente de la CEOE de Cantabria en las que aseguraba que “faltó valentía” para enfrentar el problema.

Palacio apunta que un solo funcionario “no mete miedo” a la corporación de empresarios. “Los empresarios de Cantabria callan ante el chantaje y ante la extracción que se le estaba haciendo porque creen que detrás de esas mordidas que están pagando hay un sistema institucionalizado de corrupción y que, si protestan, no van a ser adjudicatarios”.

El portavoz duda de las adjudicaciones realizadas por el resto de Consejerías del Gobierno “controladas por el PRC” y, también, en ciertos ayuntamientos regionalistas como “Comillas, Torrelavega o Polanco” donde una de las empresas implicadas ha recibido adjudicaciones por un importe de más de 1,2 millones de euros “casi la mitad del presupuesto del municipio”.