“El Gobierno de Cantabria reconoce que la situación se está yendo de las manos con las viviendas de uso turístico, y creemos que a estas alturas ya solo cabe una actuación integral y coordinada que no se quede en una medida cosmética”. Esa es la opinión del concejal de Izquierda Unida-Podemos en Santander, Keruin Martínez, tras la reunión de los diferentes ayuntamientos de Cantabria con la consejera de Turismo para hablar de esta problemática.
Así, Martínez ha pedido que se habilite a los ayuntamientos a limitar el número máximo de viviendas turísticas por municipio, “una regulación que ya ha anunciado el gobierno del Partido Popular en Andalucía, por ejemplo, por lo que no debería espantarles”.
“Es necesario que se avance en medidas de control y detección de estos inmuebles, algo que ya han reconocido que es difícil porque estos años se ha permitido un crecimiento irregular sin medida”, ha explicado Martínez, que se ha valorado positivamente el enfoque demostrado por la consejera de turismo, en el que habla de convivencia de intereses, aunque teme que en el gobierno de Santander la actitud sea “diametralmente opuesta, dadas las declaraciones tibias de la regidora”.
Y es que Martínez ha señalado que la alcaldesa de Santander “es la única que parece centrarse solo en el beneficio del sector y sigue negándose a ver que los principales afectados son los trabajadores y vecinos que buscan acceso a la vivienda y no se encuentran con opciones accesibles”, pese a que, en lugares como la vecina Asturias, es el propio PP el que ha pedido que se tengan en cuenta ambas cuestiones.
“El planeamiento urbanístico corresponde al Ayuntamiento”, ha recordado Martínez, “y a través de él podemos ver si el interés del Consistorio es buscar una ciudad en la que los santanderinos podamos vivir, o que sea solo de paso para la población flotante de verano”, ha añadido.
De este modo, el edil también ha insistido en que una de las medidas que también colaboraría a facilitar el acceso a la vivienda de los vecinos es cumplir con el acuerdo plenario al que se llegó a propuesta de su grupo municipal, Izquierda Unidas-Podemos, para ampliar las funciones de la Sociedad Vivienda y Suelo, de modo que el Ayuntamiento gestione y oferte en alquiler asequible y rotacional vivienda pública.
“Algo que instamos a que lleven a cabo cuanto antes, porque hay que actuar desde diferentes ángulos y porque supondría un germen para un futuro y real parque público de vivienda”, hareclamado.
Además, Martínez ha pedido que el Gobierno autonómico avance en la aprobación de una Ley de Vivienda para Cantabria, que incorpore las herramientas de la legislación nacional, especialmente en las llamadas zonas de mercado residencial tensionado (ZMRT), para“evitar la especulación” al asegurarse de que los bloques de viviendas “no acaben acumulándose en manos de grandes tenedores para su uso turístico, que vacíe los barrios de los vecinos”.