El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Santander de Santander, Keruin Martínez, ha calificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que condena al Ayuntamiento a pagar 3,3 millones de euros a la UTE de Parques y Jardines como “una mala noticia, que no por anunciada es menos grave”, y ha pedido que se depuren las debidas responsabilidades en la Concejalía de Medio Ambiente y en la gestión del servicio.

“Este tema ya lo llevamos al pleno del mes de septiembre junto a otros grupos de la oposición, y todas nuestras advertencias fueron rechazadas y desoídas por el Partido Popular en base a inexactitudes y falsedades”, ha recordado el edil.

De hecho, Martínez ha señalado que la sentencia ya recalca que las deducciones del Ayuntamiento se hicieron a posteriori, “sin la debida justificación y actuando unilateralmente”. “Todo para tapar sus vergüenzas y la falta de control de los cumplimientos durante años, igual que ha pasado con el desastroso contrato de recogida de basuras y limpieza viaria, que nos está costado millones de euros y cuya letra pequeña no nos han permitido leer”, ha criticado.

“Esto es debido a la pésima gestión y mala praxis del Partido Popular en Santander”, ha sentenciado Martínez, que ha augurado que, en un futuro, puede haber más sentencias del estilo porque la gestión del equipo del PP es “impropia de una administración pública”.

De hecho, el edil ha insistido en que todo se debe a la dejación de funciones del Partido Popular y de un descontrol que viene de base. “Hablamos de una falta total de un sistema de fiscalización de los contratos durante su vigencia, de privatización de servicios públicos con contratos opacos, sin pliegos de condiciones consistentes y una falta total de previsión”, ha criticado.

El edil ha recordado que estos 3,3 millones se suman a “toda la ingente cantidad de dinero” que el Consistorio debe pagar por este y otros servicios, además de los varios millones de euros que se vienen aprobando en cada Pleno de manera irregular en forma de créditos extrajudiciales “para pagar servicios que se están prestando sin la debida cobertura contractual, por la caducidad de los contratos y el retraso de las nuevas licitaciones”.

FALTA DE FISCALIZACIÓN Y PREVISIÓN

El portavoz del grupo ha insistido en que el problema viene de una ausencia total de un sistema de fiscalización en el Ayuntamiento y ha recordado que su grupo plantea, desde hace años, la creación de un organismo de fiscalización como un Observatorio de la Contratación.

“Nosotros siempre vamos a apostar por la gestión directa, pero, ya que privatizan, que lo hagan bien”, ha señalado. Por ello defiende una herramienta que suponga un seguimiento constante del cumplimiento de los contratos externalizados por todas las partes, “también por el Consistorio, que ya vemos que también incumple”.

Sin embargo, a pesar de haber sido aprobado hasta en tres ocasiones en el pleno municipal, Martínez ha lamentado que la respuesta del PP “siempre haya sido barrer bajo la alfombra y esperar que sus desastres se arreglen solos. Además, la gestión directa de servicios públicos esenciales ha demostrado ser más eficaz, más barata y con mejores garantías también para los trabajadores.