Podemos Camargo ha dejado claro su profundo malestar con la decisión judicial que da legitimidad a Digitex-Konecta en su pretensión de trasladar a toda su plantilla a dos plantas que el grupo tiene en Viladecans (Barcelona) y La Carolina (Jaén).

Para Ricardo Amigo, portavoz de la formación en el municipio, “hoy es un día triste en el que se certifica judicialmente que otra empresa de Camargo cierra sus puertas, dejando en este caso a 175 personas en la encrucijada de trasladar sus vidas a varios cientos de kilómetros, o acogerse a un despido indemnizado con 20 días por año trabajado. Es desolador”.

Ayer fue el día en que el titular del Juzgado de lo Social número 4 de Santander desestimaba la demanda que interpuso el sindicato CGT contra la decisión de la empresa de telemarketing, que el pasado abril comunicaba a su plantilla, integrada en su mayoría por mujeres, sus intenciones.

En su decisión, el juez considera que la petición hecha por Digitex-Konecta de movilidad geográfica queda justificada por causas organizativas y de productividad.

Desde Podemos Camargo plantean “qué es lo que ha cambiado para que estas trabajadoras, declaradas esenciales durante la pandemia de Covid, no puedan seguir realizando su labor desde sus casas, teletrabajando. ¿Por qué no ha habido interés en contemplar otra opción que no conlleve traslados?”.

Para Ricardo Amigo, “queda demostrado que esto era un despido colectivo encubierto, tal como hemos venido denunciando desde Podemos”, y señala que “casi un centenar de personas ya se han acogido a la anterior oferta de la empresa, de 29 días por año trabajado, y ya han abandonado la empresa.

Quedan 40 personas que siguen luchando por poder continuar trabajando en Camargo y no verse abocadas a elegir entre trasladar sus vidas hasta Jaén, en caso de corresponderles el servicio de venta telefónica de Naturgy, o hasta Barcelona si se trata del servicio de CaixaBank”.

“La otra opción es acogerse a un despido con 20 días por año trabajado”, señala el portavoz de Podemos, “y todo esto en el plazo de 15 días a partir de que la sentencia sea firme.

¿Por qué siguen luchando? Porque no es económicamente viable trasladarse a Viladecans o a Jaén, alquilar un piso mientras se afronta el pago de una hipoteca, llevarse a sus hijos en edad escolar o en secundaria, conciliar, dejar a sus padres, abuelos, familia y amigos, y todo esto por un salario mileurista. Es profundamente injusto”.