Podemos Cantabria ha registrado este fin de semana una batería de alegaciones al decreto con el que el Gobierno autonómico pretende regular las viviendas de uso turístico en Cantabria, las cuales “giran en torno a garantizar el derecho constitucional a la vivienda” y que pretenden, principalmente, que el decreto que se apruebe “impida que las viviendas turísticas continúen disparando el precio del alquiler en Cantabria”.

Podemos pide en sus alegaciones que la vecindad tenga que autorizar en Junta la implantación de pisos turísticos en sus edificios ya que, en su opinión, “sus usuarios van a utilizar zonas comunes y pueden ocasionar molestias a vecinos y vecinas, por lo que es lógico que la Junta de propietarios pueda decidir si quiere autorizar o no un piso turístico en su edificio”, proponiendo además que esa autorización “se pueda revocar si se diesen problemas de convivencia”.

Otro punto que la formación progresista incluye en sus alegaciones es la lucha contra la competencia desleal que estos pisos suponen para el resto de establecimientos hosteleros: “Queremos que sea considerada como una actividad económica sujeta al pago de IVA, que tengan las mismas exigencias de accesibilidad que el resto de alojamientos turísticos de Cantabria, así como disponer de atención permanente y continuada al cliente”.

Por otro lado, Mercedes González, coordinadora de Podemos Cantabria, exige a la consejera que, “tal y como se comprometió, tenga en cuenta todas las alegaciones que se presenten”, puntualizando que “no estamos en contra del turismo, por supuesto, pero sí creemos que este necesita una regulación clara, porque Cantabria no es infinita”.

González subraya que hay que poner coto a esta tendencia especulativa “porque la vivienda ha de ser para vivir y no para especular”, agregando que “es necesario garantizar el derecho constitucional a la vivienda a todas las personas, y propiciar la especulación atenta contra este derecho”.

Asimismo, Podemos solicita que se retire del decreto la posibilidad de gestionar viviendas turísticas a personas jurídicas, ya que “esto supone allanar el camino a los fondos buitre”, además de considerar “muy necesaria” la creación de un mapa de zonas tensionadas “en las cuales se limiten los cambios de uso habitacional a turístico”.