La Federación DEAN (Defensa Animal en Cantabria) ha registrado escrito ante los 102 municipios de Cantabria con un compendio de las obligaciones que les impone la nueva Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales y que, de momento, la mayoría no cumple. El escrito lo recibirán no sólo el equipo de gobierno, sino también los grupos de la oposición.

 Desde Dean señalan que ya es hora de que los Ayuntamientos comiencen a cumplir con las obligaciones contenidas en la nueva Ley, además de consignar la financiación necesaria en los presupuestos para garantizar en sus municipios el bienestar animal.

La citada Ley entró en vigor el 29 de septiembre de 2023, y la mayoría de los consistorios cántabros actúan como si no tuviesen ningún tipo de obligación con los animales abandonados.

Subrayan que en Cantabria no sólo no hay ningún albergue municipal para la recogida de animales abandonados, sino que en más del 50% de los municipios, ni siquiera existe servicio de recogida y en los que lo hay, en muchas ocasiones se olvidan de los gatos.

“Una parte importante de esta ley resulta de aplicación a las entidades locales que tienen que contar con un servicio de recogida y atención veterinaria de animales abandonados las veinticuatro horas del día, llevar a cabo un control ético de las colonias felinas a través de métodos CER (Captura, Esterilización y Retorno) y garantizar el Sacrificio Cero”, advierte Victoria Cedrún, presidenta y portavoz de DEAN.

Desde el colectivo añaden que a lo largo de su trayectoria se han encontrado que más de la mitad de los municipios cántabros no tienen Ordenanza de Bienestar Animal y que muchas de las existentes pasan a quedarse obsoletas con la entrada en vigor de la nueva Ley 7/2023 y aprovechan para recordar a los equipos de gobierno municipales que ya hay sentencias condenatorias a varios Ayuntamientos por no atender a sus obligaciones de gestión de gatos comunitarios.

“Se olvidan de que la Ley no ´solo impone obligaciones a los particulares propietarios y propietarias de animales de compañía, sino que ellos también tienen que cumplir con la normativa arriesgándose a ser denunciados si no lo hacen”, recalcan.

“A estas alturas municipios con Ordenanzas avanzadas como Torrelavega, no han implantado todavía el método CER de colonias felinas, Santander tiene una ordenanza totalmente obsoleta y ahora ya contraria a la ley. Otros Ayuntamientos como Suances, tienen servicio de recogida de perros, pero son los vecinos y vecinas quienes tienen que hacerse cargo de la recogida de gatos y pagar sus facturas veterinarias.

Desde la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación nunca han hecho un llamamiento a los gobernantes municipales recordándoles su obligación de recogida de animales abandonados, aunque tampoco podemos esperar gran cosa de una consejería que no ha sido capaz de modificar la Ley de Bienestar Animal de Cantabria desde 1992, cosa que ahora tendrá que hacer sino quiere ir en contra de lo que dicta la ley estatal”, explican desde la Federación.

Dean apela en su escrito al diálogo y al entendimiento de los Ayuntamientos para el correcto cumplimiento de la nueva legislación quedando a su disposición para cualquier duda que pueda surgir o para cualquier colaboración que puedan necesitar. No obstante, “si después de conocer sus obligaciones siguen incumpliendo la normativa, y no ponen medios para corregir tal situación, nos veremos obligadas a interponer denuncia”, sentencian.

“Ya no vale la excusa de los Consistorios de la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones por una cuestión presupuestaria. Los animales sin dueño son por ley responsabilidad de los Ayuntamientos y están obligados a gestionarlos de forma ética, estando prohibido el sacrificio de animales sanos por la nueva Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.

Además, el Código Penal establece que será castigado con pena de multa o inhabilitación quien abandone a un animal vertebrado que se encuentre bajo su responsabilidad en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad”, finaliza Cedrún.