El Gobierno de Cantabria blindará con una ley autonómica los derechos de acceso a los servicios básicos y la acción pública frente al despoblamiento. La norma, que sale ahora a información pública, priorizará las subvenciones y la acción pública en beneficio de los vecinos y empresas radicadas en pueblos de los 39 municipios con riesgo de despoblación y garantizará el acceso a una educación, sanidad y servicios sociales de calidad.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, junto a la directora general de Administración Local, Rosa Valdés, han informado, en rueda de prensa, de las principales novedades de esta norma, que ofrece un marco legal permanente y estructurado, que integra y consolida las políticas de lucha contra el despoblamiento puestas en marcha durante la presente legislatura.

Aunque el reto demográfico ha sido una de las principales líneas de acción política de este Gobierno, "hoy damos un paso importante", ha dicho la consejera, de cara a garantizar y "blindar los mismos derechos y servicios vivas donde vivas, en el campo o la ciudad".

Con esta finalidad, la ley proporcionará nuevos instrumentos para luchar de manera integral contra el despoblamiento y coordinará todas las acciones de forma transversal, implicando a todas las áreas competenciales del Gobierno cántabro.

Así, todas las leyes, decretos y planes sectoriales tendrán que tener en cuenta en su elaboración el componente de reto demográfico, obligando a la realización de análisis de impacto demográfico como fórmula para garantizar medidas de discriminación positiva en estos lugares. Incluso, un proyecto podrá declararse de interés público por razones demográficas, con efectos en la normativa de expropiación forzosa para facilitar su desarrollo en estos municipios.

Se incluyen una serie de medidas para incrementar las ayudas públicas a los vecinos (líneas de ayuda específicas, reserva de parte del crédito de las convocatorias, incrementos porcentuales de la ayuda o puntuaciones adicionales en los casos de procesos de concurrencia competitiva), así como el apoyo y asistencia específica a empresas con domicilio en municipios en riesgo de despoblamiento, incluyendo acciones que faciliten la contratación pública con ellas.

El Gobierno cántabro incentivará a los empleados públicos en las zonas en riesgo de despoblación, sobre todo en el ámbito docente, sanitario y social, y promoverá el teletrabajo en los puestos de difícil cobertura.

Igualmente, se reconocen una serie de derechos específicos a los vecinos de los municipios en riesgos de despoblamiento en diferentes ámbitos: el sanitario, educativo, cultural, seguridad ciudadana, empleo, transporte, sector primario, vivienda y turismo, entre otros, con acciones para fomentar la digitalización, fortalecer el tejido empresarial y la diversificación de sectores tradicionales y emergentes, así como evitar la exclusión social y financiera.

Respecto a su financiación, la futura norma prevé la necesidad de reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta estas particularidades y se estable por ley la adopción de medidas fiscales con las que incentivar la fijación y atracción de la población a estas zonas.

Urgencias sanitarias, centros educativos y nuevo tipo de vivienda

El anteproyecto reconoce una garantía de acceso a los servicios de emergencias y urgencias sanitarias, a las citas médicas y a la coordinación de horarios con los sistemas de transporte. Se asegura la distribución de medicamentos y programas de avances tecnológicos en la atención médica.

En concreto, se establece el diseño de una red de puntos de atención continuada con el fin de garantizar el acceso a los servicios de urgencias sanitarias.

En el ámbito educativo, se garantiza el mantenimiento de los colegios en los municipios en riesgos de despoblamiento, con clases de educación infantil y primaria, con un mínimo de cuatro alumnos, aunque de forma excepcional se podrán mantener abiertos los centros educativos con menor número de estudiantes.

En las enseñanzas no obligatorias (formación profesional y universitaria), se establece, como novedad, un contrato programa de formación para el alumnado con estancia efectiva, orientado a facilitar estos estudios.

El acceso a la vivienda será otro de los ejes de actuación en los municipios en riesgo, mediante la creación de una tipología propia de Vivienda Rural Protegida, cuyas características serán fijadas reglamentariamente. Asimismo, se establece un programa específico de financiación para la rehabilitación de viviendas en desuso o de vivienda habitual.

En transporte, se incluye el transporte a demanda con Áreas territoriales de prestación conjunta rural, unos servicios discrecionales a demanda para una movilidad individualizada, así como un programa impulsado por el Gobierno de transporte colaborativo para el uso compartido del vehículo privado.

La conectividad digital alcanzará al cien por cien de la población mediante la extensión de redes de banda ancha rápida y ultrarrápida, que permitan una adecuada transmisión de datos entre la ciudadanía, empresas y administración pública.

La futura ley también regula los derechos en materia de transición ecológica y sostenibilidad en los municipios en riesgo de despoblamiento (energías renovables), de igualdad de acceso en materia de cultura, fomento del turismo y ocio responsable.

Texto legal participativo

Este anteproyecto de ley es fruto del trabajo de los grupos de acción local, que presentaron un primer borrador de la ley que, posteriormente, ha sido mejorado por un grupo de trabajo específico, dependiente del Consejo Asesor de Despoblamiento.

El grupo de trabajo, que viene trabajando en el texto legal desde finales de 2021, ha estado formado por representantes de todas las consejerías del Gobierno cántabro, miembros de los grupos de acción local y Federación de Municipios de Cantabria. La consejera de Presidencia ha agradecido a todos ellos su trabajo en la elaboración de la normativa, que ha tenido en cuenta la legislación ya en vigor de otras comunidades autónomas.

Ahora se abre un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones y sugerencias al texto (hasta el 10 de marzo). Respecto al proceso de participación que se abre ahora, Fernández Viaña ha hecho un llamamiento a la participación, porque el texto legal necesita "ser alimentado" tanto en su prioceso administrativo como parlamentario, ya durante la próxima legislatura.

La lucha contra el despoblamiento rural ha sido una de las líneas de acción política prioritaria del Gobierno cántabro, que ha constituido un Consejo Asesor para impulsar y coordinar las medidas y ha aprobado un Estrategia regional 2021-2027 como "hoja de ruta" para fijar la población en Cantabria con 344 actuaciones en doce ejes de actuación.

39 municipios en riesgo de despoblamiento

Igualmente, Cantabria cuenta con una orden la delimitación de los municipios en riesgo, que fija el territorio de actuación.

En concreto, se establecen 30 municipios de actuación prioritaria por riesgo grave de despoblamiento, 8 de actuación preferente por su alta dispersión poblacional y elevada tasa de envejecimiento y se incluye el Valle de Villaverde por su particular idiosincrasia, al estar enclavado en la provincia de Vizcaya.

En la Montaña Occidental, los municipios en riesgo severo son Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, Lamasón, Los Tojos, Peñarrubia, Pesaguero, Polaciones, Rionansa, Tresviso, Tudanca y Vega de Liébana. Es una de las áreas cántabras con menores niveles de renta y una densidad poblacional muy baja, con una de las más altas tasas de dispersión de Cantabria (del 64,19%).

En la Montaña Central (Campoo-Iguña) se localizan otros diez municipios en especial riesgo:  Cieza, Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Yuso, Pesquera, Las Rozas de Valdearroyo, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa, Valdeprado del Río, Valdeolea y Valderredible. Como recoge la orden, se trata de municipios que es preciso revitalizar por su pequeño tamaño poblacional, con una densidad de población media de 12,19 por ciento.

En la Montaña Oriental (Valles del Pas, Pisueña, Miera y Asón Agüera) se localizan Arredondo, Luena, Miera, Ruesga, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Soba y Vega de Pas, otros ocho municipios en riesgo severo de despoblamiento con una densidad de población de 9,54 habitantes por kilómetro cuadrado; una tasa de dispersión media muy alta, ya que casi un 63,3 por ciento de la población vive en núcleos distintos del principal, y presenta también unos elevados niveles de envejecimiento.

Además, 8 municipios se consideran de actuación preferente por su alta dispersión poblacional y elevada tasa de envejecimiento (superior al 30 por ciento), que son Cillorigo de Liébana, Herrerías y Ruente (en la Montaña Occidental); Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha y Molledo (en la Montaña Central) y Rasines (Montaña Oriental), y se presta un tratamiento especial y diferenciado al Valle de Villaverde, por su particular idiosincrasia, al estar enclavado dentro del territorio de Vizcaya.